Las representantes de la Alianza Libres Sin Violencia denunciaron que las menores de edad fueron revictimizadas en el proceso. También demandan las faltas del sistema educativo.
Las voceras de la Alianza Libres Sin Violencia informaron este miércoles, en una conferencia virtual, que el profesor Jaime Leonardo Arana Sainz fue sentenciado a 30 años de prisión por el delito de violación a infante. El hombre fue acusado de agredir sexualmente a seis niñas, de entre ocho y nueve años, que cursaban el cuarto de primaria cuando ocurrieron los hechos en el municipio de Uncía, en Potosí.
También denunciaron el incumplimiento de deberes de las autoridades del sistema educativo y las barreras que tuvieron que atravesar a lo largo del proceso para que se haga justicia por los vejámenes.
La directora de la Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad, Marisol Quiroga, informó que, como Alianza Libres Sin Violencia, apoyaron el caso desde febrero de este año, en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Uncía.
El juicio comenzó en enero, pero las primeras audiencias se desarrollaron en junio por la pandemia. Denunció que el Tribunal fue “condescendiente” con el agresor que pidió la reconstrucción del caso. No solo eso, también ofreció pericias psicológicas para las víctimas sin que los psicólogos propuestos sean “idóneos” y pese a la negativa de la parte afectada lograron su cometido en uno de los casos.
También pidió un peritaje psiquiátrico forense, aunque ninguna reflejó una enfermedad mental. Al contrario, las seis víctimas establecieron el modus operandi del profesor. El Tribunal dio curso a ese pedido, pero no se realizó porque falta de esa especialidad en Potosí.
Los cuatro abogados del agresor faltaban a las audiencias, mientras que las madres de las víctimas debían llegar desde sus comunidades hasta Uncía. Finalmente, lograron su exclusión y sanción pecuniaria por el abandono malicioso del proceso.
“Es el ejemplo claro del viacrucis que tienen que atravesar las víctimas que denuncian. Desgraciadamente el sistema se encarga de revictimizarlas y las obligan, en muchos casos, a dejar el proceso penal y por eso hay impunidad”, manifestó.
Asimismo, la secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, dijo que se vieron obligados a presentar una acción de cumplimiento ante un Juzgado de Uncía y esa instancia dispuso que el Ministerio de Educación, a través de la DDE de Potosí, intervenga en el proceso penal con un abogado especializado en casos de violencia sexual a niños.
Lamentó el incumplimiento de la acción tutelar puesto que se desarrollaron más de 20 audiencias y la DDE de Potosí participó de las tres últimas. Pedirán la reparación o resarcimiento de daños de las víctimas.
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