El Periódico/
El asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza Peláez, informó que el ente Legislativo recibió una denuncia presentada por el directorio de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), cuyos miembros argumentan haber sido destituidos por el gobernador, Adrián Oliva Alcázar, a través de un proceso administrativo encarado por una juez sumariante.
A raíz de aquello, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) constituyó una comisión especial que tiene por objeto recopilar todos los antecedentes legales como documentales del caso pero que además recibió en audiencia al directorio en cuestión, a la juez sumariante y hoy tiene previsto interpelar al director de Transparencia de la Gobernación, Xavier Guerrero Mendoza, quien interpuso la denuncia.
“La empresa está descabezada y, una vez más, el gobernador está dando muestras de un manejo absolutamente discrecional de Setar (…), desde el primer momento de su gestión, Oliva ha querido tener el control absoluto de la empresa y eso se ha traducido en un conflicto permanente con el directorio”, manifestó el asambleísta.
En esa línea, Lea Plaza indicó que el argumento presentado por la parte accionante, en este caso la Gobernación, es que el directorio de Setar “se incrementó las dietas” (gastos de viaje, de manutención, de desplazamiento, etc.), cuando únicamente se han mantenido las mismas que el anterior Consejo Técnico Administrativo (CTA).
“A partir de este proceso es que primero se suspende por 70 días al directorio y luego se los destituye, en lo que consideramos un acto muy abusivo”, agregó la autoridad, hoy distanciada de la línea política de Oliva.
El APUNTE
Atribuciones: el nudo del ovillo
El rol fundamental de la Asamblea Departamental de Tarija será dilucidar si es sostenible el planteamiento legal y jurídico del proceso administrativo iniciado por la Gobernación, a partir de ello, la comisión especial deberá establecer en qué medida esto se enmarca en las atribuciones del gobernador y en el “respeto de la institucionalidad” de una empresa autárquica.
Convencionalmente, la acción legal para este tipo de casos es la instauración de responsabilidades civiles de los implicados, seguido de la activación de mecanismos que permitan la devolución de los recursos económicos en caso de encontrarse elementos suficientes sobre daño económico al Estado.
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