La Procuraduría General del Estado confirmó que hasta el momento 24 personas fueron cauteladas por el fallido golpe de Estado del 26 de junio y advierte que los acusados podrían tener una pena de 25 años de privación de libertad.
Este domingo, también se denunció la detención y trasladado
a la sede de Gobierno de Fernando Hamdan, activista y presidente de la Comisión
Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas
(Cidhpda), a quien, según el abogado Jorge Valda, se lo intenta involucrar con
este caso.
“Ha sido trasladado a la ciudad de La Paz y se encuentra en
celdas judiciales de la Fuerza de Lucha contra el Crimen bajo sindicaciones de
ser partícipe del supuesto autogolpe. Esta situación es verdaderamente
alarmante para los defensores de los derechos humanos, tomando en cuenta que
Fernando Hamdan ha venido trabajando no solo en la defensa de los presos
políticos, sino también en las denuncias internacionales respecto a la
vulneración de derechos producto de los actos autoritarios de este Gobierno”,
indicó Valda.
Instó a los organismos e instituciones de defensa de los
derechos humanos a prestar atención sobre lo que está ocurriendo en Bolivia
porque el fallido golpe militar ha abierto la puerta a la persecución política
bajo la sospecha de colaborar en este caso.
Hamdan se abstuvo de declarar y se espera que en el
transcurso de esta jornada se presente la imputación formal y que la audiencia
cautelar se fije para este martes.
De acuerdo con su abogado, se lo acusa de alzamiento armado
y terrorismo. “Supuestamente lo han mencionado otros militares en sus
declaraciones, pero no tienen ninguna prueba en concreto”, subrayó Valda.
Tras conocerse este hecho, el presidente del Comité pro
Santa Cruz, Fernando Larach, se pronunció a través de su cuenta X. “Repudiamos
la persecución política y las detenciones ilegales en Bolivia. Demandamos a
Lucho (Arce) respeto a las garantías constitucionales y la liberación inmediata
de los detenidos ¡Basta de injusticia!, escribió el líder cívico.
Róger Castellón, vocero del Comité Nacional de Defensa de la
Democracia (Conade), también manifestó que la “asonada militar ha desatado una
ola detenciones y ha activado la persecución política”, como ocurre con la
detención del activista Handam.
De igual manera, Global Human Rights League emitió un
pronunciamiento indicando que en esa institución Human realizó un trabajo
excepcional, con mucha ética y responsabilidad.
“Por ninguna razón cae en el perfil de una persona que
atente contra la seguridad de nadie. Al contrario, es un acérrimo defensor de
la libertad y la democracia”.
Indica que Human es un destacado defensor de los derechos
humanos y activista. “Estuvo en primera línea durante el fraude de 2019
denunciando internacionalmente las irregularidades como ingeniero”.
La Global Human Rights League exige la liberación inmediata
de este ciudadano.
De igual forma, la Comisión Iberoamericana de Derechos
Humanos para el Desarrollo de las Américas exige la liberación del activista.
La investigación
Por su lado, el procurador general del Estado, César Siles,
informó que en la investigación del caso Golpe de Estado III se identificó
suficientes indicios de responsabilidad penal contra 24 personas que fueron
cauteladas.
“En las audiencias de medidas cautelares, en estas seis
imputaciones formales, es decir, seis audiencias, se han obtenido importantes
elementos de convicción, no solamente lo que la Fiscalía dijo y sostuvo, hay
probabilidad de autoría de los delitos imputados, hay suficientes indicios de
que se han cometido los delitos y de que hubo un golpe de Estado en Bolivia”,
dijo Siles en Bolivia TV.
El sábado, la Procuraduría General del Estado, informó, a
través de un comunicado, que el Ministerio Público amplió la investigación de
dos a cinco delitos para los procesados en el dominado caso Golpe de Estado
III.
Se los acusa de alzamiento armado contra la seguridad y
soberanía del Estado, terrorismo, atentados contra la seguridad del presidente
y otros dignatarios de Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y
la riqueza nacional, y uso indebido de bienes y servicios públicos tipificados
en los artículos 121, 128, 133 y 233 del Código Penal y el artículo 26 de la
Ley 004.
Durante la entrevista en Bolivia TV, Siles señaló que la
investigación gira en torno a estos delitos que “son graves” y los acusados
pueden recibir penas de hasta de 25 años de cárcel, considerando que solo el
delito de terrorismo es sancionado con una pena de 20 años de prisión. “La
investigación ha avanzado rápidamente, en estos once días se ha determinado
seis imputaciones formales, donde la Fiscalía ha demostrado indicios
suficientes de responsabilidad penal en contra de estas 24 personas que han sido
cauteladas”, informó Siles.
De los 24 procesados, la mayoría tiene detención preventiva
y tres, detención domiciliaria, dijo la autoridad.
Admitió que la investigación es compleja, pero poco a poco
se está aclarando que hubo golpe de Estado en sus tres fases: planificación,
ejecución y consolidación.
En el comunicado divulgado el sábado, la Procuraduría
General del Estado informó que los procesados son: Juan José Zúñiga, Alejandro
Irahola, Juan Arnez, Juan Paulsen, Aníbal Aguilar, Julio Buitrago, Miguel
Iriarte, Luis Balanza, Waldir Mamani, Leonel Sanjinez, Marco Caviedes, Roberto
Arandoña, Raúl Barbery, Marcelo Gutiérrez, Franz Ordoñez, Juan Carlos
Delgadillo, Román Caway, Miguel Ángel Burgos, Alan Quenta, Demetrio Mamani,
Marcel Zegarra, Vladimir Lupa, Vladimir Céspedes y Jaime Cruz Vera.
Este sábado la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental
de Justicia de La Paz también revocó la detención domiciliaria concedida por el
Juzgado Penal Anticorrupción Quinto del Tribunal a Aníbal Aguilar, exasesor del
Ministerio de Defensa.
Aguilar fue acusado por el Ministerio de Gobierno de ser el
‘ideólogo’ del fallido golpe.
Milei sobre Bolivia
El presidente argentino, Javier Milei, durante el foro de
políticos conservadores en Santa Catarina (Brasil), sin citar a Luis Arce
expresó: “Miren lo que está pasando en Bolivia ahora mismo. Están dispuestos a
montar un falso golpe de Estado con tal de sumar algún puntito que otro más en
una elección”.
También citó a Evo Morales, cuando criticó a los gobiernos
socialistas que “están dispuestos a torcer las reglas e inclusive interrumpir
el orden constitucional para atrincherarse en el palacio”.
“Miren lo que pasó en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se
obstinó con un tercer mandato inconstitucional”, señaló.
El 26 de junio militares, con una tanqueta, irrumpieron en
la plaza Murillo. El hecho provocó un clima de nerviosismo y temor en la
población boliviana.
El Deber
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