A través de una nueva normativa, el Decreto Supremo N° 5517, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declaró emergencia energética y social en todo el territorio nacional. La medida fue emitida por el presidente Rodrigo Paz y responde a la compleja situación que enfrenta el país: inflación, escasez de dólares y desabastecimiento de combustible.
"Se declara la Emergencia Energética y Social en todo
el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, ante el proceso
inflacionario que vive el país, y la escasez de dólares y combustibles",
dice textualmente el artículo 2.
El nuevo decreto, aprobado el 13 de enero, reconoce que el
país enfrenta una crisis económica, financiera y social de carácter
estructural, reflejada en el desabastecimiento de combustibles, el incremento
de costos logísticos y la paralización de actividades productivas en distintos
sectores. Este escenario ha tenido un impacto directo en el costo de vida de la
población y en el normal funcionamiento de la economía nacional.
-Otras medidas-
Entre las principales medidas, el decreto autoriza de manera
excepcional y temporal la importación, venta y comercialización de combustibles
por parte de personas naturales o jurídicas privadas, a precio de importación o
preterminal, con el objetivo de garantizar el abastecimiento tanto en áreas
urbanas como rurales.
"Se autoriza a cualquier persona natural o jurídica
privada la importación, venta y comercialización de productos derivados de
petróleo a Precio de Importación y/o Pre-Terminal (a la entrada de una Terminal
de Almacenamiento) siempre y cuando cuente con capacidad de almacenaje propia o
alquilada, en el marco del libre acceso no discriminatorio", explica el
artículo 4.
Asimismo, se dispone la suspensión temporal del diésel de la
lista de sustancias controladas por un periodo de un año, buscando facilitar su
importación y asegurar el suministro para el transporte, la producción, la
agroindustria y otros sectores estratégicos del país.
"La suspensión tendrá una vigencia temporal de un (1)
año, a partir de la aprobación de la Resolución Administrativa de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos – ANH que adecue los procedimientos de importación.
Vencido el plazo establecido en el Parágrafo precedente, la partida arancelaria
se reincorporará automáticamente a la lista de sustancias controladas, salvo
disposición normativa posterior que establezca su prórroga o
modificación", indica el artículo 5 en su parágrafo III y IV.
El Gobierno señaló que estas medidas tienen un carácter
excepcional, inmediato y transitorio. En la resolución, indica que estas
medidas están orientadas a reactivar el aparato productivo nacional, reducir
los efectos de la crisis energética y devolver certidumbre a la población
boliviana frente al complejo contexto económico actual.
-Disposiciones transitorias-
El DS 5517 dispone dos medidas transitorias:
- La Aduana Nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos –
ANH y las instituciones competentes deberán ajustar sus procedimientos internos
en un plazo máximo de hasta cinco (5) días hábiles, a partir de la publicación
del presente Decreto Supremo, para dar cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 5 de la presente norma.
- El marco de libre acceso no discriminatorio a toda la
infraestructura de hidrocarburos será reglamentada mediante Resolución
Ministerial por parte del Ministerio de Hidrocarburos y Energías en un plazo de
hasta quince (15) días hábiles.
-Antecedentes-
Esta nueva norma se emite posteriormente al Decreto Supremo
5516, una disposición de 32 artículos que ratifica los precios de los
combustibles, incrementa las transferencias sociales, eleva el salario mínimo
nacional y establece un nuevo esquema de diferimiento de créditos para vivienda
social y pequeños productores.
Esta resolución también busca contener la crisis económica,
corregir distorsiones del mercado, frenar el contrabando -estimado en hasta el
40% de la oferta- y dar cumplimiento a un fallo del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina que cuestionó la diferenciación de precios en Bolivia.
El Decreto Supremo 5516 surgió como resultado de un acuerdo
entre el Gobierno nacional y las organizaciones sociales, en particular la
Central Obrera Boliviana (COB), tras una semana de rechazo al DS 5503,
manifestado a través de bloqueos, hechos de violencia, divisiones entre
sectores sociales y una postura firme frente a medidas consideradas
perjudiciales para la situación del país.
El Deber
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