Las denuncias públicas por presuntas irregularidades, malos tratos y abusos de autoridad en la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) y, principalmente, en la Aduana Nacional, se han vuelto recurrentes en las últimas semanas en Tarija. Sin embargo, hasta el momento, estos cuestionamientos no han derivado en investigaciones formales ni en pronunciamientos oficiales, quedando —según los denunciantes— únicamente en el plano de la exposición pública. Frente a este escenario, víctimas y representantes del sector exigen que las instituciones tarijeñas se pronuncien y asuman un rol activo.
El representante de la Asociación de Víctimas de Diprove y
la Aduana Nacional, Hugo León, informó que se está cursando una carta a
diversas instituciones, entre ellas la Federación del Autotransporte 15 de
Abril, el Comité Cívico de Tarija, la Federación Departamental de Juntas
Vecinales (Fedjuve) y otras organizaciones, con el objetivo de que se
involucren en la problemática y no permanezcan indiferentes ante lo que
califican como atropellos contra la ciudadanía.
León planteó la conformación de un comité interinstitucional
que se encargue de canalizar notas y demandas ante las autoridades del nivel
central del Estado, con miras a generar ajustes estructurales en el
funcionamiento de la Aduana y Diprove. Aseguró que existen numerosas víctimas
de ambas instituciones y que, hasta ahora, no se ha recibido una respuesta
concreta por parte del Gobierno nacional.
En ese contexto, el dirigente también cuestionó el rol de la
Policía Boliviana, al señalar que la lucha contra la corrupción se queda en el
discurso, ya que —pese a las denuncias reiteradas— no existen pronunciamientos
ni acciones claras frente a las irregularidades que surgen en Diprove.
León hizo referencia a varios casos que han sido denunciados
en los últimos días, sin que se observe una reacción por parte de las
autoridades. Entre ellos, mencionó el de un ciudadano que intentó recuperar su
vehículo, pero cuya solicitud fue rechazada bajo el argumento de que habían
transcurrido más de 90 días, plazo tras el cual —según la versión
institucional— el motorizado ya no puede ser devuelto.
Asimismo, señaló que una parte importante de las denuncias
está vinculada al ingreso de vehículos argentinos a Tarija, particularmente en
la frontera con Bermejo, donde se habrían registrado numerosos casos de
presuntos abusos de autoridad y despojos arbitrarios.
-Nueva denuncia-
A este panorama se suma una nueva denuncia presentada este
miércoles por una ciudadana argentina, quien relató que ingresó su vehículo a
Bermejo con el objetivo de realizar reparaciones mecánicas, proceso que se
extendió por aproximadamente 90 días. No obstante, cuando intentó retornar a su
país, su motorizado fue retenido en el Puente Internacional.
La denunciante aseguró que al momento de internar el
vehículo en Bolivia cumplió con todos los trámites legales ante la Aduana
Nacional, pero que el vencimiento del plazo de autorización estaría siendo
utilizado como el principal argumento para impedir la devolución de su
motorizado.
Ante la acumulación de denuncias y la falta de respuestas
institucionales, los afectados reiteran su pedido para que las entidades
representativas de Tarija se pronuncien y exijan al Gobierno nacional una
investigación transparente y medidas concretas que garanticen el respeto a los
derechos de los ciudadanos.
El País
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