La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició este miércoles el análisis del juicio de responsabilidades contra los exmagistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), acusados por los presuntos delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.
El diputado Santiago Ticona (Libre) informó que la Comisión
de Justicia Plural remitió la proposición acusatoria contra estas
exautoridades, aunque expresó que, a su criterio personal, los involucrados
deberían enfrentar un proceso en la vía ordinaria.
“Hemos sido convocados para tratar el juicio de
responsabilidades que se les está iniciando a los autoprorrogados. Vamos a
recibir un informe de la Secretaría Técnica y, en función de ello, emitiremos
los informes correspondientes”, señaló el legislador.
En noviembre de 2025, cinco magistrados prorrogados del TCP
decidieron poner fin a su mandato y anunciaron su salida en un plazo de 10
días; sin embargo, dos salas constitucionales —una en Potosí y otra en Santa
Cruz— ordenaron su cese inmediato.
Los magistrados autoprorrogados que dejaron el cargo fueron
Miguel Hurtado, René Yván Espada, Isidora Jiménez, Julia Cornejo y Karem
Gallardo, todos del TCP. A ellos se suman los magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) Ricardo Torres y Carlos Alberto Egüez.
El mandato legal de seis años de los magistrados y
consejeros del Órgano Judicial y del TCP finalizó el 31 de diciembre de 2023;
sin embargo, debido a que no se realizaron las elecciones judiciales en esa
gestión, los siete magistrados del TCP y TSJ decidieron su “autoprorroga”.
Respecto al procedimiento, Ticona explicó que el trámite del
juicio de responsabilidades inicia en la Comisión de Justicia Plural y luego
pasa a la Comisión de Constitución como instancia de análisis jurisdiccional.
“Hoy vamos a conocer formalmente quiénes están comprendidos
en este proceso, aunque de manera general sabemos que se trata de los
autoprorrogados, y vamos a emitir un criterio. Desde nuestro punto de vista,
estas exautoridades no merecen un juicio de responsabilidades, sino un proceso
ordinario”, afirmó.
El diputado sostuvo que los hechos atribuidos habrían sido
cometidos fuera del ejercicio de sus funciones, por lo que correspondería un
juicio ordinario. No obstante, aclaró que esa postura es personal y que la
Comisión escuchará a sus colegas y evaluará el informe técnico antes de asumir
una posición institucional.
La Razón
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