La propuesta “50/50” impulsada por el presidente Rodrigo Paz —que plantea redistribuir el 50% de los recursos fiscales del Estado hacia gobernaciones y municipios— atraviesa un escenario de incertidumbre, ajustes discursivos y crecientes cuestionamientos desde los niveles subnacionales. Lo que inicialmente fue presentado como una medida de aplicación casi inmediata, hoy se perfila como una meta de largo plazo, cuyo cumplimiento pleno recién se proyecta hacia el final de la gestión presidencial, en 2030.
Este giro ha generado descontento en las regiones,
especialmente en un contexto donde gobernaciones y alcaldías enfrentan una
asfixia financiera, marcada por la caída de ingresos, la reducción de
transferencias y una crisis económica nacional que limita la capacidad de
respuesta local.
-De promesa inmediata a la espera-
En sus primeras intervenciones públicas, Paz había planteado
el 50/50 como una transformación estructural urgente, orientada a romper el
centralismo fiscal y fortalecer la autonomía regional. Sin embargo, en las
últimas semanas el discurso oficial ha mutado. El propio presidente aclaró que
el modelo no se aplicará de forma instantánea, sino de manera paulatina y
gradual, hasta concretarse plenamente hacia 2030.
Más recientemente, Paz condicionó incluso el inicio de la
construcción técnica del modelo a los resultados de las elecciones
subnacionales de marzo de 2026, convocando a las futuras autoridades electas a
sumarse al diseño de esta redistribución fiscal. De acuerdo con el Gobierno,
recién a partir de ese periodo podrían comenzar a discutirse o implementarse
algunas fases o ajustes presupuestarios.
Este cambio de narrativa encendió las alertas en las
regiones, que ven cómo una de las principales banderas del actual Gobierno se
diluye en plazos largos y condicionamientos políticos.
-Tarija: escepticismo y cautela-
Desde Tarija, las reacciones no se hicieron esperar. El
gobernador Oscar Montes fue uno de los más críticos al señalar que la propuesta
del 50/50 corre el riesgo de quedar reducida a un simple eslogan de campaña,
según afirmó a Unitel.
Montes recordó que una redistribución de esta magnitud
implica necesariamente una revisión profunda de competencias entre el nivel
central y los subnacionales.
No obstante, el gobernador enfatizó que más allá de un nuevo
esquema porcentual, el problema de fondo es la falta de una verdadera
autonomía. A su criterio, si el Gobierno nacional dejara de inmiscuirse en los
presupuestos regionales y otorgara mayor autonomía de gestión, la situación
financiera de las gobernaciones mejoraría sustancialmente. “Hoy no existe una
autonomía real”, dijo.
Por su parte, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, optó por
una posición más cauta. Se limitó a señalar que la propuesta debe ser debatida
y analizada en función de la realidad económica del país.
“Es una propuesta del presidente que nosotros tenemos que
debatir. Tal vez no sea 50/50, pero podríamos iniciar con algo mejor a lo que
tenemos ahora”, manifestó.
Torres también puso sobre la mesa otro reclamo pendiente: el
destino de los recursos confiscados del 12% del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH), que fueron retenidos con el argumento de incentivar la
exploración de gas. “Hasta ahora no se halló nada”, observó el alcalde, por lo
que consideró necesario que esos recursos sean devueltos a las regiones y
empezar por ahí el 50/50.
-Advertencias nacionales-
El malestar no es exclusivo de Tarija. En Santa Cruz,
líderes regionales y legisladores como Branko Marinkovic exigieron que la
propuesta del 50/50 no quede en un anuncio sin ejecución. Desde ese
departamento, además, se reclama la liberación de exportaciones como una medida
urgente para dinamizar la economía regional.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello
Cochamanidis, afirmó que el planteamiento del 50/50 “fue algo que dijo el
presidente Rodrigo Paz, no lo prometimos nosotros”, y remarcó que existe una
invitación abierta al mandatario cuyos plazos “están por fenecer” para que
reciba una agenda cruceña.
Otros actores políticos y candidatos regionales han sido más
duros, calificando la demora en la implementación como una “falsa promesa”, que
responde más a una estrategia discursiva que a una voluntad real de
redistribución fiscal.
La preocupación también se extiende a los gobiernos
municipales. La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) alertó que para
la gestión 2026 se proyecta una reducción del 24,31% en los recursos
provenientes del IDH, lo que incrementa la presión sobre el Gobierno central
para cumplir con la redistribución anunciada o, al menos, plantear medidas
compensatorias.
-Crisis económica y límites técnicos demoran el 50/50-
El trasfondo del debate está marcado por una compleja
situación económica. Bolivia atraviesa lo que analistas califican como la peor
crisis en cuatro décadas, caracterizada por la escasez de divisas, problemas en
el abastecimiento de combustible y una inflación que golpea tanto a la economía
nacional como a las finanzas subnacionales.
En este escenario, expertos coinciden en que una
implementación total e inmediata del 50/50 para 2026 es técnicamente inviable,
debido a la falta de planificación previa y a la rigidez del gasto del nivel
central, que concentra gran parte de los compromisos salariales y operativos
del Estado.
El País
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