Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) exigieron el "levantamiento inmediato" de las sanciones contra Venezuela y Nicaragua, según un comunicado difundido este lunes por el titular del Ministerio de Exteriores venezolano, Yván Gil.
"Exigimos el levantamiento inmediato de las medidas
coercitivas unilaterales impuestas contra los pueblos y Gobiernos de Nicaragua
y de Venezuela", manifestó la ALBA en una declaración suscrita tras la XXV
Reunión del Consejo Político de la organización, que se celebró el sábado en
Caracas.
El bloque afirmó que las sanciones contra estos países son
"violatorias" a los "propósitos y principios" de la Carta
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del derecho
internacional" y consideró que Estados Unidos es el "principal
responsable" de las "migraciones de miles de personas" debido a
sus "medidas coercitivas unilaterales".
La ALBA -integrada por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica,
Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves,
Granada, Santa Lucía y Venezuela- rechazó lo que consideró la
"criminalización del fenómeno de la migración" y, por tanto, las
recientes deportaciones masivas del Gobierno de Estados Unidos.
El domingo, medios estadounidenses informaron que el
presidente de EE.UU., Donald Trump, notificó a los socios de la petrolera
estatal venezolana PDVSA -entre ellos la española Repsol- que sus permisos para
exportar crudo y derivados de Venezuela quedaban cancelados.
También están entre las compañías afectadas la
estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Maurel &
Prom y la india Reliance Industries, que habían recibido permisos para operar
con crudo venezolano en sus refinerías de todo el mundo, de manera excepcional
a las sanciones contra el chavismo.
La Administración de Nicolás Maduro, quien juró para un
tercer mandato tras su cuestionada reelección, invitó este lunes a las
petroleras extranjeras a mantener sus operaciones en Venezuela tras la
revocación de licencias por parte de Estados Unidos.
En cuanto a Nicaragua, en mayo de 2024 Estados Unidos lanzó
una ronda de sanciones contra el Gobierno de Daniel Ortega que afectan a
decenas de funcionarios y a empresas por el "ataque" a los derechos
humanos y ser "cómplices en la explotación de migrantes".
Altos funcionarios de la Casa Blanca informaron entonces, en
una llamada con prensa, que el Departamento de Estado impuso restricciones de
visa a más de 250 personas, entre ellas decenas de miembros del Ejecutivo de
Nicaragua y a sus familiares, por apoyar "el ataque a los derechos humanos
del régimen de Ortega y (Rosario) Murillo".
El Deber
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