El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, citado por ABI, rechazó las denuncias de presunta tortura contra el exgeneral Juan José Zúñiga y aseguró que la sanción disciplinaria de aislamiento por 20 días, impuesta en el penal de El Abra, fue aplicada conforme al reglamento penitenciario y cuenta con validación judicial.
“No es un castigo que uno se inventa. El director (del
recinto carcelario), en el uso de sus facultades, ha aplicado una sanción
establecida por ley, y el juez ya la homologó. Se está cumpliendo una medida
disciplinaria dentro del marco legal”, explicó Limpias, en respuesta a los
cuestionamientos públicos emitidos por la familia y defensa legal de Zúñiga.
El exgeneral Juan José Zúñiga, investigado por la asonada
militar del 26 de junio de 2024, fue aislado por usar un celular en la cárcel,
artefacto que está prohibido en las cárceles del país. El pasado 16 de abril,
Zúñiga brindó una entrevista por Zoom a un medio digital argentino, desde una
celda del penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba.
La esposa del exgeneral denunció públicamente que el
exmilitar se encuentra en condiciones de aislamiento y sufre presuntos malos
tratos. Según ABI, Limpias aclaró que Zúñiga fue notificado de la medida y
tenía derecho a apelar ante un juez, derecho que pudo ejercer su abogada.
Asimismo, explicó que el Mecanismo Nacional de Prevención de
la Tortura de la Defensoría del Pueblo ingresó recientemente al penal para
verificar la situación del excomandante y desmintió las versiones difundidas.
“Constataron que no había torturas, que había alimentos en
su celda y condiciones adecuadas. También verificaron un libro donde el propio
señor Zúñiga firma sus salidas al sol, como establece la normativa”, precisó
Limpias, citado por ABI.
“Se desmiente absolutamente este tipo de inventos. Nosotros
no vamos a entrar en ese juego. Hay organismos que trabajan en la tutela de los
derechos humanos y han constatado la situación real”, afirmó.
Sobre el trabajo de la comisión política que realiza
indagaciones en torno al caso, señaló que es natural que existan criterios
distintos, pero reiteró que el Régimen Penitenciario actúa bajo estricta
sujeción a la ley.
El pasado miércoles, una comisión multipartidaria de
legisladores se trasladó a Cochabamba para visitar al exgeneral en el marco de
las investigaciones por la asonada militar del 26 de junio de 2024; sin
embargo, no lograron su cometido ante un motín de privados de libertad que
reclamaban el pago del prediario. La acción fue calificada como
"armada", por parlamentarios opositores y evistas.
El Deber
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