La protesta que cada miércoles realizan jubilados de Argentina ante el Parlamento volvió a ser repelida por las fuerzas de seguridad, en una jornada marcada por el fracaso de la oposición en su intento por debatir iniciativas para mejorar los paupérrimos ingresos de los pensionados.
Efectivos
policiales y de otras fuerzas de seguridad intentaron frenar con escudos y
gases lacrimógenos el avance de grupos de jubilados y de organizaciones
sociales que marchaban hacia el edificio del Congreso, en el centro de Buenos
Aires, cuyos alrededores fueron totalmente vallados por orden de las
autoridades.
Según pudo
observar EFE, al menos dos personas fueron detenidas y otras setenta, entre
manifestantes y trabajadores de prensa, debieron ser asistidos por heridas.
Las fuerzas de
seguridad han repelido a los manifestantes para obligarles a mantenerse sobre
la plaza frente al Parlamento e impedirles que corten el tránsito de vehículos.
"No estamos
dispuestos a seguir soportando esto porque el modo de gobernar de (el
presidente Javier) Milei no es legal. Toda esta represión que estamos sufriendo
es una verdadera locura y no corresponde porque el derecho a protestar es
constitucional", dijo a EFE Guillermo Romero, un jubilado de 76 años,
presente en la movilización.
Este tipo de
escenas se repite cada miércoles desde hace meses, en un escenario de creciente
pérdida del poder de compra de los pensionados, cuyas jubilaciones están en su
mayoría por debajo del coste de una cesta básica de alimentos.
El pasado
miércoles 14 de mayo, el grupo de jubilados fue reprimido por las fuerzas
federales mediante el uso de escudos antimotines y gas pimienta.
-Pensiones de
pobreza-
En Argentina hay
unos 7,4 millones de jubilados, lo que representa el 15,7 % de la población
total del país.
El 63,5 % de los
retirados cobra la jubilación mínima, que en este mes de mayo ha sido de
296.481 pesos (255 dólares / 222 euros), un ingreso que llegó a los 366.481
pesos (316 dólares) por el bono de refuerzo que la seguridad social otorga
desde septiembre de 2022 por la situación de emergencia económica que vive el
país.
Este ingreso
margina a los jubilados a la pobreza: una persona con vivienda propia necesita
un ingreso no menor a 359.243 pesos (310 dólares) para no ser considerada
pobre, según datos oficiales.
Pero, de acuerdo
a cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos, ese
ingreso mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza es de al menos
1.200.523 pesos (1.035 dólares) en el caso de los adultos mayores, cuyos gastos
en salud, entre otros, son superiores a los de otros grupos etarios.
"La
jubilación me alcanza para ir quince días al supermercado, nada más. Yo
sobrevivo gracias a que mis hijos me ayudan", dijo a EFE Graciela, una
jubilada de 79 años que también participó de la protesta.
Aunque Argentina
arrastra desde hace años con el problema de las bajas jubilaciones, la
situación ha empeorado con el severo ajuste fiscal puesto en marcha a finales
de 2023 por el Gobierno de Javier Milei, un ajuste que en buena parte ha
recaído sobre las pensiones.
El bono de
refuerzo está congelado en 70.000 pesos (60 dólares) desde marzo de 2024 y el
monto total de lo que cobran mensualmente los jubilados ha perdido la cerrara
contra la inflación, que se situó en el 47,3 % interanual en abril último.
Precisamente, uno
de los proyectos de ley impulsados por la oposición peronista apunta a
actualizar este bono.
Pero la sesión
del pleno de la Cámara de Diputados en la que se iba a debatir esta iniciativa
y otra para extender la moratoria que permitía jubilarse sin contra con todos
los aportes a la seguridad social requeridos por la ley fracasó este miércoles
por la falta del quórum necesario para habilitar el debate.
Desde el Gobierno
han advertido que, si la oposición logra aprobar en el Parlamento estas
iniciativas, Milei las vetará bajo el argumento de que conspiran contra el
objetivo de superávit fiscal del Ejecutivo.
Sin embargo,
según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la prórroga por dos
años de la moratoria tendría un coste fiscal equivalente al 0,16 % del PBI,
mientras que aumentar el bono tendría un coste del 0,23 % del PIB.
Agencias
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