Una sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, definirá este martes, 15 de octubre, si continúa o no el proceso de las elecciones judiciales, tras que un aspirante beniano que fue inhabilitado por la Asamblea Legislativa, presentara un Amparo Constitucional contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, informó a EL DEBER que
el Tribunal Supremo Electoral fue notificado con este recurso judicial que pone
en riesgo el proceso electoral para cambiar a los consejeros y magistrados del
Órgano Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Existe un enorme riesgo de que se paralicen las elecciones
judiciales, producto de un Amparo Constitucional que nos han interpuesto en
horas pasadas”, dijo Tahuichi.
La audiencia que determinará la continuidad o no de las
elecciones judiciales será este martes 15 desde las 10:00.
Este es el primer recurso con el que fueron oficialmente
notificados los vocales del TSE, después que a mediados de agosto el ente
electoral presentó el calendario electoral y empezó con todas las actividades
previas al día de las elecciones.
¿Y quién pide la paralización de todo el proceso electoral
judicial que ya está en curso?, se trata del abogado Hugo Vargas Palenque, un
postulante de Beni, que buscaba candidatear a magistrado del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) en representación de ese departamento, pero fue inhabilitado por
la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, en la etapa del
proceso de preselección.
“Este ciudadano busca ser incluido en la lista de candidatos
al Órgano Judicial”, dijo Tahuichi, sin tomar en cuenta que esa fase ya
concluyó y que ahora el TSE está cumpliendo las tareas del calendario
electoral, en plena cuenta regresiva para el día de las elecciones que es el 1
de diciembre.
“Nos llama poderosamente la atención de que este amparo sea
contra nosotros (el TSE), porque la lista de los candidatos ha sido trabajada,
realizada y elaborada por el Órgano Legislativo, es decir, el ciudadano debería
haber interpuso su amparo contra la instancia que elaboró la lista de
candidaturas. Nosotros (el Órgano Electoral) somos simples receptores”, argumentó
Tahuichi.
Principio de preclusión e inversión estatal
Además de lo mencionado, el vocal Tahuichi recordó que todo
proceso electoral, según la Ley 026 de Régimen Electoral, está protegido por el
principio de preclusión, que quiere decir que los actos eleccionarios que ya
fueron cumplidos, no se pueden deshacer.
“Según nuestra normativa electoral, rige el principio de
preclusión. Es decir, que las actividades dentro de un proceso electoral, no
pueden ser retrotraídas hacia atrás”, subrayó Tahuichi,
Además de aquello, en el caso hipotético de que se paralicen
las elecciones por este recurso judicial, el Estado perdería más de 55 millones
de bolivianos, que son parte de los recursos que se destinaron para la
realización de este proceso electoral.
“Tenemos un presupuesto total de 183 millones de bolivianos
para esta elección judicial, de los cuales, hasta el momento estamos ejecutando
recursos por aproximadamente 55 millones de bolivianos. En el caso hipotético
de que se paralicen estas elecciones se estaría generando un daño económico al
Estado”, explicó la autoridad electoral.
A 48 días de la jornada electoral que es el 1 de diciembre,
el TSE cumple la actividad número 19 del calendario electoral con la “Recepción
de reclamos de ciudadanas y ciudadanos inhabilitados y no habilitados en el
Padrón Electoral en los Tribunales Electorales Departamentales y Direcciones
Departamentales del Servicio de Registro Cívico”.
El Deber
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