Desde Unidos señalan que el POA ya tenía designado recursos para los municipios, pero ahora se necesitaría 19 millones de bolivianos más, lo que podría mermar al Prosol, paquetes alimentarios e ítems
Aprovechando la algarabía del carnaval, el viernes 9 de
febrero, el bloque mayoritario de la Asamblea Legislativa Departamental de
Tarija (ALDT), integrado por legisladores disidentes de Unidos, la bancada del
Movimiento al Socialismo (MAS) y asambleístas de la bancada indígena, logró la
aprobación de la “Ley de transferencia de recursos departamentales para
inversión en el ámbito territorial municipal”, que establece la transferencia
directa del 1,5% del 55% de regalías que administra la Gobernación a favor de
ocho gobiernos municipales. Lo que en total suma 12%.
Esta ley remplaza a la Ley del 8% que los alcaldes y el
gobernador, Oscar Montes, decidieron dejar de lado.
Asambleístas del bloque oficialista advierten que esta
normativa afectará el normal desarrollo de programas y proyectos que ya tienen
un presupuesto asignado.
Antecedentes
Cabe recordar que, en diciembre del 2021, la ALDT,
aprovechando el bloque mayoritario afín a la bancada de Unidos, abrogó la Ley
Departamental N°206, también conocida como ley del 8%, que obligaba la
transferencia de recursos y también permitía a los municipios debitar al
Gobierno Departamental a través del Ministerio de Economía y Finanzas. En
remplazo se aprobó la Ley 443 de "Asignación de recursos departamentales
de inversión en el ámbito territorial municipal”, que cumplía la misma función,
pero cerraba cualquier posibilidad a debitar recursos.
Mauricio Lea Plaza: “Se han vulnerado varios procedimientos
establecidos en el Reglamento de la ALDT. Vamos a plantear las acciones
correspondientes para evitar que esta violación se consolide”
Esta decisión generó un rechazo por parte de la Asociación
de Municipios de Tarija (AMT) y algunos sectores sociales, que incluso
bloquearon por algunos días las carreteras departamentales. Empero, el
compromiso asumido por el gobernador, Oscar Montes, y los miembros de la AMT
era trabajar otra normativa, sin embargo, nunca hubo consenso y el proyecto quedó
en el limbo en 2022 y 2023.
No fue hasta el viernes pasado, que la ALDT en una sesión
extraordinaria determinó tratar esta iniciativa legislativa, que aumenta la
asignación de recursos, de 1% a 1,5%, para cada uno de los ocho gobiernos
municipales. Además, que da la llave a los municipios a que nuevamente puedan
debitar recursos a la Gobernación, esto en caso que haya un retraso de tres
transferencias mensuales consecutivas.
Las reacciones
Si bien de momento no hubo un pronunciamiento oficial por parte
de autoridades de la Gobernación, han sido los asambleístas de Unidos quienes
han advertido las consecuencias que va a tener esta normativa recientemente
aprobada.
El asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza, argumentó
que los gobiernos municipales son entidades autonómicas diferentes al Gobierno
Departamental, que tienen sus propias fuentes de ingreso establecidas en la
Constitución Política del Estado (CPE), que no son organismos dependientes de
la Gobernación.
“Esta plata podría usarse en nuevos proyectos o en
fortalecer los programas sociales, ¿y hoy el Gobernador qué va a tener que
hacer?, va tener que sacar esos 19 millones de bolivianos de los propios
programas sociales y productivos que se están financiando, la canasta
alimentaria, Prosol, ítems de salud, seguramente se van a ver afectados por
esta disminución a los recursos departamentales”, apuntó.
Lea Plaza señaló que con este “golpe económico” se confirma
la intencionalidad de la actual directiva, de desestabilizar la gestión de la
Gobernación. Enfatizó que son alrededor de 19 millones de bolivianos los que se
destinan a los gobiernos municipales para que se liciten obras que a la larga
no llegan a concluirse y “quedan a medias”.
Artículo que avala el débito automático de recursos
La autoridad enfatizó que esta es una acción política de
intentar desestabilizar al Gobierno Departamental. Mencionó que para aprobar
dicha normativa ni siquiera se ha respetado el debido proceso, establecido en
el Reglamento Interno de la ALDT. Explicó que los saldos en caja y banco ya
están designados en el presupuesto y no son recursos de libre disponibilidad.
Sobre este tema, la primera vicepresidenta de la ALDT,
Juanita Miranda, contradijo a su colega, asegurando que se han respetado todos
los pasos para poder tratar dicha normativa, y que incluso se lo ha venido
posponiendo desde hace tiempo atrás. Recordó que en agosto del 2023 entró la
solicitud de reposición de este proyecto de ley del 1%, que fue realizada por
el legislador Eider Quiroga, a pedido de los alcaldes, quienes exigían abordar
dicha ley.
Miranda detalló que la citación para la sesión del día
viernes fue emitida el 8 de febrero, con su debida anticipación. Apuntó que
toda la información era de conocimiento de las bancadas que integran el pleno
legislativo.
En esa misma línea, Miranda dijo que cuando se trata de
leyes económicas, siempre se manda en consulta al ejecutivo departamental, y
que en este caso ya hubo un consenso entre alcaldes y Gobernador. Apuntó que la
ley será remitirá a la Gobernación en las siguientes horas, y que aún está
abierta a que pueda ser observada por el Gobernador.
La AMT ha evitado hablar del tema
Respecto a esta situación, El País ha intentado contactar al
presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) y alcalde de San
Lorenzo, Asunción Ramos, para conocer sus impresiones sobre la ley del 12%. Sin
embargo, la autoridad evitó pronunciarse al respecto.
En complemento, el asambleísta por Unidos, Luis Lema,
explicó que el 1,5% multiplicado por ocho municipios, representa el 12% de las
regalías, equivalente a 53 millones de bolivianos, es decir, de lo que ya se
asignaba (34 millones de bolivianos), ahora se debe aumentar otros 19 millones.
El País
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