Un grupo de expertos de la ONU acusó al gobierno de Nicaragua de aumentar en forma exponencial las violaciones de los derechos humanos el último año, al presentar este jueves un informe que llama a reforzar las sanciones internacionales contra Managua.
El reporte del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua
afirma que el gobierno del presidente Daniel Ortega perpetra "abusos y
crímenes" para "eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo
plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social".
"El gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves
violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de
lesa humanidad, por razones políticas", declaró el Grupo, al reiterar
expresiones del informe presentado hace un año.
Sin embargo, "la situación ha empeorado" el último
año debido a la "consolidación y centralización de todos los poderes e
instituciones del Estado", en especial del poder judicial, en manos de
Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, agrega.
"Durante 2023 ha habido un aumento exponencial de
patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a
largo plazo", según el documento.
"El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los
funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir
cuentas ante la comunidad internacional", afirmó el presidente del grupo
de expertos, Jan Simon.
El grupo de expertos es independiente y fue creado en 2022
por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar abusos
cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas contra
el gobierno de Ortega, cuya represión dejó 355 muertos y cientos de detenidos
(opositores, líderes sociales, empresarios, periodistas).
"Espiral de silencio"
El informe destaca que la represión a toda oposición real o
imaginaria "se ha vuelto más sutil", y apunta en especial "a
estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes,
campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones
cristianas".
El 9 de febrero de 2023 el gobierno de Ortega excarceló a
222 presos políticos, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su
nacionalidad, acusándolos de "traidores a la patria". Una semana
después, les retiró la nacionalidad a 94 disidentes en el exilio, entre ellos
los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
Hace una semana, Ortega justificó el despojo de la
nacionalidad a estos 316 nicaragüenses que envió al exilio, al acusarlos de
"traidores" y "vendepatria".
Un obispo, monseñor Rolando Álvarez, fue también encarcelado
y despojado de su nacionalidad en 2023, pero prefirió la cárcel al exilio. En
enero pasado fue excarcelado, junto a otros 16 sacerdotes y dos seminaristas, y
enviados a Roma bajo un acuerdo con el Vaticano.
Asimismo, más de 3.500 oenegés, muchas de ellas religiosas,
han sido clausuradas en Nicaragua desde 2018 y sus bienes han pasado a manos
del Estado. Igual suerte han corrido universidades católicas, la Cruz Roja y la
asociación de Boy Scouts.
"El gobierno ha consolidado una espiral de silencio que
incapacita a cualquier oposición potencial", afirmó Simon.
"Medidas inmediatas"
El informe sostiene que "niños y niñas han sido
violentados" por actividades u opiniones de sus padres o familiares, y las
"deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua han resultado en la
separación" de muchas familias.
"La centralización del poder no sólo garantiza la
impunidad de los perpetradores, sino que también socava los esfuerzos por
lograr la rendición de cuentas. El gobierno se ha asegurado de permanecer en
una burbuja cada vez más sólida para perpetuarse en el poder", afirmó la
experta Ariela Peralta.
Además, "la persecución se extiende más allá de las
fronteras de Nicaragua, dados los efectos de la privación de su nacionalidad y
personalidad jurídica, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo
consular", dijo la experta Ángela Buitrago.
"El efecto sobre la población nicaragüense es
devastador. Al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional le tomará una
cantidad significativa de tiempo y recursos recuperar todo lo perdido",
expresó Simon.
Ortega, de 78 años y en el poder desde 2007 y reelegido
sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condena de la
comunidad internacional debido a su deriva autoritaria.
El grupo instó a la comunidad internacional "a tomar
medidas inmediatas, en particular ampliando las sanciones contra personas e
instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos".
Agencias
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