El Gobierno de Dina Boluarte extendió el estado de emergencia en la sureña región Puno por 60 días para que las Fuerzas Armadas dirijan el control del orden interno en esa jurisdicción, con apoyo de la Policía Nacional de Perú (PNP), de acuerdo con un decreto publicado este domingo (04.06.2023).
Puno es una región surandina, fronteriza con Bolivia, donde
se produjeron violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden en las
protestas antigubernamentales de inicios de 2023 y que mantuvo el bloqueo de
caminos y carreteras por más tiempo.
La semana pasada, las organizaciones sociales de Puno
convocaron a un paro de 24 horas para retomar las movilizaciones de protesta
contra Boluarte, pero el acatamiento a la medida fue bajo.
La prórroga del estado de emergencia en Puno responde a la
aplicación del artículo 137 de la Constitución Política, inciso 1, que
establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de
tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y
seguridad personales.
El Ejecutivo peruano dispuso que el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas (CCFFAA) continúe asumiendo el Comando Unificado del Ejército y
la PNP en Puno, de acuerdo con las normas legales vigentes que definen los
alcances de un comando militar en una situación similar.
Durante este periodo de emergencia, las Fuerzas Armadas
tienen la labor de proteger los activos críticos nacionales -con intervención y
apoyo de la PNP- y la protección a instituciones públicas, privadas e
instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de
recursos naturales y vías que determine la Policía.
En una reciente asamblea de organizaciones sociales de Puno,
se acordó también realizar una nueva marcha de protesta hacia Lima en las
próximas semanas, similar a la que hicieron a inicios de 2023 y que fue uno de
los últimos actos de movilización tras la destitución del expresidente Pedro
Castillo en diciembre de 2022.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de
Estado de Castillo y continuaron desde enero con movilizaciones y
enfrentamientos con las fuerzas del orden en rechazo al Gobierno de Boluarte,
quien asumió el Ejecutivo por ser la vicepresidenta.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante
esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 decesos
ya que otras personas, entre ellas varias haitianas, también fallecieron por
acciones como el bloqueo de carreteras.
Agencias
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