El acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) para incrementar el haber básico en 3% y un 5,85% al salario mínimo nacional, es decir de 2.362 a 2.500 bolivianos, ha provocado que los empresarios de Tarija se declaren en emergencia. Advierten de posibles daños colaterales que afectarán a los trabajadores, piden al nivel central una reunión para abordar este tema.
Cabe mencionar, que la COB pidió un incremento del 7% al
salario básico y 8% al mínimo. Sin embargo, Juan Carlos Huarachi dirigente de
este sector dijo que se llegó a un acuerdo “sano y razonable” con el Gobierno,
que garantiza el pago de bonos sociales en un contexto de crisis internacional
y sabotaje económico.
Por su parte, el presidente, Luis Arce, señaló que con el aumento
del 3% y 5,85% se cuidan las finanzas públicas, se preserva la generación de
empleos en el país y el crecimiento económico.
El rechazo
El gerente de la Asociación Nacional de Industriales
Vitivinícolas (ANIV), Fernando Galarza, manifestó que esta es una medida
arbitraria e injusta en la que no se ha tomado en cuenta al sector empresarial.
“En una negociación que debería ser tripartita, el sector
empresarial ha sido excluido y solamente definen este tipo de acuerdos por
cálculos políticos, con una finalidad política y que lamentablemente al país y
a la economía le va hacer mucho daño”, mencionó.
Galarza indicó que este acuerdo entre el Gobierno y la COB
va a causar una inestabilidad laboral, aumentará el desempleo y ocasionará un
desajuste “preocupante” en la producción y economía nacional.
“Creemos que se pueden adoptar otro tipo de medidas que sean
consensuadas, donde participe el sector empresarial, que finalmente es el más
afectado y debería ser uno de los principales beneficiados en cualquier acuerdo
que se vaya a tomar, porque son los generadores de empleo y de economía en este
país”, expuso.
El titular de ANIV evitó dar datos del daño colateral que
puede generar esta decisión del Gobierno, enfatizó que en el transcurso de
estos días las empresas productoras van a realizar sus cálculos económicos,
además de evaluar su capacidad y disponibilidad que tienen para sostener a sus
empleados con un incremento que considera “irracional”.
“Esto afectará a varias empresas locales que tienen un
montón de trabajadores y no están en la mejor situación económica, por supuesto
que este tipo de medidas económicas va en desmedro del empresariado privado”,
añadió.
Galarza quien también es miembro del directorio de la Cámara
Agropecuaria Industrial de Tarija (CAIT), mencionó que este sector también se
encuentra en emergencia y adelantó que en los siguientes días prevén reunirse
para abordar el tema del incremento salarial y el impacto que acarreará.
Sobre este tema, El País intentó contactar al presidente de
la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), René Segovia, quien
evitó pronunciarse al respecto. Sin embargo, desde la Cámara de Industria,
Comercio Exportaciones, Promoción de inversiones, Servicios y Turismo de Tarija
(Caincotar) han convocado a una conferencia de prensa para la presente jornada
en donde harán conocer su rechazo a dicho acuerdo.
Incremento insensato
Para el analista económico, Fernando Romero, este acuerdo es
más político que técnico. Enfatizó que incrementar el salario mínimo y el haber
básico no condice con la inflación y crecimiento económico anual del 2023, que
fue de aproximadamente del 2%, además que ni siquiera se tomó en cuenta las
perspectivas de crecimiento económico del país para este 2024, las cuales no
superan el 2%.
“A pesar de los efectos negativos de un incremento elevado
que se habían señalado, mayor gasto público, agudización del déficit fiscal y
establecimiento de un mayor peso financiero al sector privado nacional, la
decisión fue tomada de manera bilateral. Se esperaba un incremento mesurado y
sensato, sobre todo en el mínimo nacional, que ahora será de Bs. 2.500,18, el
cual también incrementará otros gastos al empleador que vienen atados al
salario mínimo nacional”, refirió.
Romero apuntó que este es el mayor incremento que se da
desde el 2018, a pesar que la economía nacional está en un proceso de
desaceleración. Agregó que al margen de afectar las finanzas públicas y
privadas, puede dar lugar a "un tiro por la culata", sobre todo por
el efecto que producirá en el sector privado, que puede incrementar sus precios
de venta de bienes y servicios debido al incremento de sus gastos corrientes.
El aumento beneficia al 20% de trabajadores
El analista económico, Fernando Romero, manifestó que este
incremento salarial dispuesto por el Gobierno, es una política que beneficia a
sólo un 20% de la fuerza laboral de país, mayormente informal, que igualmente
tratará de mantener su poder adquisitivo subiendo sus ingresos vía precios de
mercado.
“Realmente somos el país de al revés, bajan nuestros
ingresos y suben nuestros gastos”, dijo.
Cabe mencionar, que el ejecutivo de la COB, Juan Carlos
Huarachi, llamó a los empresarios a la reflexión, para que este incremento no
se vuelva un instrumento de despido, de amenaza o de acoso hacia los trabajadores.
El País
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