El presidente argentino, Javier Milei, cerró este viernes el foro de Llao Llao, el conclave empresaria más exclusivo de Argentina, que se reúne cada año entre las montañas patagónicas de la ciudad de Bariloche. No fueron noticia su clásica arenga contra el Estado –“Los que tienen el poder de sacar a la Argentina adelante son los empresarios no un político” les dijo a los dueños de las principales empresas del país–, ni las protestas que lo esperaron en el aeropuerto local cuando llegó el jueves por la noche, sino un aspecto formal del viaje. Milei, que se había acostumbrado a volar en aerolíneas comerciales, se estrenó este viernes como uno de esos presidentes que viaja en su propia flota aérea.
En ruta hacia Roma, Tel Aviv, Miami o Nueva York, la oficina
del presidente se había acostumbrado a difundir vídeos de Milei abrazando
pasajeros, sonriendo con azafatas o haciendo la fila en el preembarque. No
sucederá más. El Gobierno ha anunciado esta semana que, por cuestiones de
seguridad, Milei ya no viajará en rutas comerciales y usará la flota de aviones
de la Fuerza Aérea Argentina. Su viaje inaugural de este viernes en el jet
presidencial Tango 11 ha sido el último paso atrás de una semana que ha pillado
al Gobierno argentino dando marcha atrás en varios frentes.
“Argentina está en una etapa de austeridad. No hay plata,
pero hay que cuidar al presidente”, justificó el martes la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich, en alerta porque el “compromiso inclaudicable”
que Milei había prometido a Israel ante sus conflictos podía amenazar su
seguridad. Días antes, mientras Irán lanzaba cientos de misiles hacia Israel,
el presidente argentino suspendió un viaje desde Estados Unidos a Dinamarca
para volver a Buenos Aires a establecer un comité de crisis sobre el asunto.
El domingo por la noche, mientras los argentinos se iban a
dormir, los ocho ministros y el presidente se reunieron de emergencia para
“seguir atentamente los acontecimientos” en Oriente Medio, como detalló después
la oficina presidencial. El Gobierno argentino insiste en retratarse, junto a
Estados Unidos e Israel, como un pilar de “Occidente” y “del mundo libre”, pero
el comité ya no volvió a reunirse.
Esa no fue, de todas maneras, la única medida
desproporcionada del Gobierno argentino ante la guerra en Gaza y la escalada
del conflicto entre Irán e Israel. El martes, mientras Bullrich defendía en
diversas entrevistas televisivas las medidas de seguridad, la ministra deslizó
que la milicia de Hezbolá opera en el norte de Chile, y que Argentina debía
estar atenta por el historial de atentados terroristas sufridos a mediados de
los noventa que la Justicia declaró, justo la semana pasada, como un delito de
lesa humanidad impulsado desde Irán.
El presidente chileno, Gabriel Boric, pidió pruebas: “Si una
autoridad de otro país tuviera antecedentes sobre actividades ilícitas en el
nuestro, lo que corresponde es que lo plantee vía diplomática, no por la
prensa”, denunció Boric mientras difundía un comunicado en el que el ministerio
de Seguridad argentino le pedía disculpas. “La ministra Bullrich aclaró que
dichas observaciones fueron realizadas en el contexto de un análisis regional”,
dice el comunicado, “no con la intención de generar miedo o alarma en Chile”.
“Disculpas aceptadas y damos el asunto por superado”, respondió el presidente
chileno.
El Gobierno argentino se salvó de un nuevo conflicto
diplomático mientras intentaba controlar otros frentes dentro del país. El más
agrio lo tiene contra las aseguradoras médicas privadas, a las que benefició a
finales de diciembre permitiéndoles fijar libremente sus precios y a las que
exige ahora retrotraer los aumentos que, desde entonces, alcanzaron hasta un
150%, el triple del acumulado de la inflación en los primeros tres meses de
este año.
Milei, que cuando presentó el decreto que desreguló los
tarifas de la medicina privada culpó a los políticos de “imponer controles de
precios” que “violan la libertad y el derecho de propiedad de los argentinos,
exige ahora que las empresas de medicina prepaga vuelvan al tarifario de
diciembre y que aten sus aumentos a la inflación por los próximos seis meses.
Desde el ministerio de Salud, el Gobierno ha presentado un amparo judicial
contra 18 empresas para que devuelvan los aumentos “abusivos” y ha pedido que
se las investigue por supuesta cartelización para coordinar las subas de
precios.
En el mismo decreto de diciembre, el primer gran carpetazo
de Milei contra el Estado, el Gobierno le dedicó unos 14 puntos a la
desregulación al Registro Automotor. El entonces flamante presidente quería
eliminar “etapas innecesarias y costos absolutamente desproporcionados” en la
compra-venta de vehículos, pero este martes el Boletín Oficial del Gobierno
habilitó aumentos de hasta el 320% en los aranceles de transferencia de
vehículos. El ministro de Justicia, que firmó la resolución, terminó dando
marcha atrás el mismo día ante las críticas. “Luego de revaluar la situación
hemos decidido dejar sin efecto dos resoluciones que se conocieron hoy”, afirmó
Mariano Cúneo-Libarona “Se suspende así el aumento de los formularios y de los
ingresos de los encargados de los registros automotores”
Agencias
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