El crecimiento alarmante de tiendas de ropa usada ubicadas en pleno centro de Tarija ha encendido las alarmas entre las autoridades y los empresarios locales. La proliferación de 60 establecimientos no solo plantea preocupaciones sobre la producción nacional y el comercio legalmente establecido, sino que también afecta negativamente a los emprendimientos locales.
Gustavo Carvajal, director de Ingresos del Gobierno
Municipal de Cercado, explicó al diario El País que desde su gestión en el
2022, se han recibido denuncias principalmente de empresas textileras respecto
a estas tiendas. Inicialmente, eran doce establecimientos los que operaban en
el centro de la ciudad, pero este número ha aumentado considerablemente desde
entonces.
Las inspecciones revelaron que muchos propietarios que
decían vender ropa nueva durante los operativos de control luego cambiaban y
comercializaban prendas de ropa usada, que ingresa de forma ilegal al país, en
su mayoría provenientes de Estados Unidos.
En respuesta a esta situación, en los últimos días el
municipio ha llevado a cabo clausuras y notificaciones a un total de 60
propietarios de estas tiendas con quienes posteriormente se ha firmado un
compromiso para que en un lapso de cuatro meses procedan al cierre o al cambio
de rubro.
Las reuniones sostenidas con los propietarios han dejado
claro que estas actividades están prohibidas por la normativa vigente y no son
adecuadas desde el punto de vista turístico ni económico para el centro de la
ciudad.
“No estamos haciendo nada fuera de norma, no estamos en
contra de esa actividad económica, al contrario, estamos regulando y viendo que
se haga de una manera ordenada, apostando al turismo de Tarija”, destacó.
La importación y venta de ropa usada están prohibidas por
ley, y representan una competencia desleal para las empresas locales,
especialmente para aquellas dedicadas al textil.
Además, estas prendas pueden generar un impacto negativo en
la salud de la población, según médicos del Ministerio de Salud y Deportes,
quienes advierten sobre posibles alergias e irritaciones cutáneas causadas por
la exposición a químicos y partículas presentes en la ropa usada.
En caso de incumplimiento por parte de los propietarios de las
tiendas de ropa usada, la Dirección de Ingresos iniciará acciones de clausura y
procesos administrativos en el plazo establecido de cuatro meses. Si los
propietarios llegasen a violentar el precinto, esto estaría sujeto a proceso
penal, según indicó Gustavo Carvajal en entrevista con El País.
Para garantizar el cumplimiento de la normativa, se
realizarán más controles y operativos en colaboración con la Intendencia y la
Defensa del Consumidor. Gustavo Carvajal destaca que estas acciones no buscan
prohibir la actividad económica, sino regularla de manera ordenada, en línea
con el objetivo de fortalecer el turismo en Tarija y proteger la producción
nacional.
Importación de ropausada afecta a textiles
Juan, propietario de una boutique local, expresó su inquietud
al mencionar que “estas tiendas de ropa usada nos están perjudicando
enormemente. Hemos notado una disminución significativa en nuestras ventas
desde que comenzaron a proliferar en el área. No solo compiten deslealmente con
precios más bajos, sino que también desvían la atención de los clientes de los
productos locales y nacionales".
Por su parte, Gabriela, dueña de un emprendimiento de moda
tarijeña, compartió su preocupación respecto a que la presencia masiva de
tiendas de ropa usada “está afectando gravemente” la capacidad para mantener su
negocio a flote.
“No solo estamos viendo una disminución en nuestras ventas,
sino que también sentimos que esta tendencia está debilitando el espíritu
emprendedor y la identidad nacional. La ropa usada se está llevando la energía
de los bolivianos”, dijo.
La importación y venta de ropa usada en Bolivia está
teniendo un efecto devastador en el sector textil nacional. Según datos,
Estados Unidos y China son responsables del 16,1% y 13,7%, respectivamente, de
la exportación de esta mercancía. Una vez despachada, la ropa llega a Chile,
que es el mayor importador en Latinoamérica (3,01%), seguido de Guatemala
(2,09%).
En Chile, unas mil empresas operan en un complejo industrial
exento de impuestos y se encargan de seleccionar y empacar la ropa en fardos de
cuatro calidades: primera, segunda, tercera y cuarta. Los precios varían de 50
a 250 dólares por fardo, dependiendo de la calidad y el tipo de prenda, según
el Observatorio de Complejidad Económica de Chile.
Los fardos de ropa usada son luego comercializados a
contrabandistas bolivianos, quienes movilizan entre 10 y 35 camiones para
ingresar la mercadería ilegal a Bolivia. Oruro es el punto de acopio desde
donde se distribuyen los fardos al resto del país.
El País
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