El proyecto de ley antibloqueo que trata la comisión de Justicia Plural ya logró la adhesión de 100 organizaciones y por tanto no consideraron realizar una invitación formal a la COB que es la principal opositora a esta iniciativa del Legislativo, el presidente de la comisión de Justicia Plural, Manolo Rojas, dijo que la invitación fue abierta y es decisión de los dirigentes asistir.
“La COB no se ha adscrito hasta el día de hoy, eso me han
pasado del informe, es una pena, están esperando invitaciones especiales, y eso
no va a ocurrir, nosotros hemos hecho una invitación abierta, sectores mineros,
sectores gremiales, empresariales, el sistema de educación, todo se han
adscrito, menos la COB”, dijo el diputado oficialista.
El Gobierno tiene en sus manos cuatro proyectos de Ley para
penalizar los bloqueos de caminos y puso todo en manos de esta comisión
parlamentaria. Los sectores que aglutinan a las organizaciones ya hicieron
conocer su rechazo como mineros, maestros y principalmente la COB que reúne a
todas las organizaciones.
Los dirigentes desconocen con quiénes están acordando los
legisladores pues existe una unidad de todos para rechazar esta pretensión del
Gobierno y le recordaron que fueron estos sectores, mineros, maestros y
campesinos, que hicieron retroceder al Gobierno con el decreto 5503 y lo propio
sucederá con el proyecto que llegó.
“Sería absurdo que hagan un bloqueo en contra de la Ley de
Bloqueos, entonces los esperamos en las mesas de diálogo, de trabajo, no es
tarde, siempre es bueno aportar antes que rechazar u oponerse a una norma”,
dijo Rojas, que no explicó cuándo se produjeron las reuniones y adhesiones en
el campo ferial Chuquiago, en la zona Sur de la ciudad de La Paz.
Dijo que hay consenso entre las tres principales bancadas
legislativas –PDC, Unidad y Libre– que impulsan de forma entusiasta este
proyecto. Entre las tres bancadas tienen más de dos tercios de los votos que se
requiere, sin embargo, tienen la oposición del presidente de la Asamblea,
Edmand Lara, quien ya adelantó su oposición a una intención de penalizar las
movilizaciones.
El Deber
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