El Estado es administrado con el PGE 2026 que dejó el MAS y con leyes estructurales de hicrocarburos, minería, educación, financial y litio, entre otras, del modelo socialista. El PDC asegura que se está ajustando el presupuesto y será presentado hasta abril.
Ninguna de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa
–Diputados o Senado– tiene en su agenda algún proyecto de ley estructural que
inicie el cambio de modelo económico anunciado por el Gobierno. Mientras los
asambleístas esperan la remisión de dichos proyectos, anuncian que interpelarán
al menos a dos ministros del gabinete de Rodrigo Paz.
En ese marco, la Asamblea Legislativa pretende retomar su
labor de fiscalizar al Ejecutivo, por lo que anunció que se interpelará al
ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinacelli, por la venta de
gasolina en mal estado y la importación de carburantes con sobreprecio. Fue el
vicepresidente Edmand Lara quien anunció esta interpelación.
Otro de los posibles interpelados es el ministro de
Gobierno, Marco Antonio Oviedo, porque en más de 100 días de gestión no se
cumple la orden judicial de aprehender a Evo Morales, más aún cuando la Policía
admitió recién que no existen las condiciones para ejecutar esa orden y se ve
al expresidente haciendo campaña para las subnacionales.
“Hay que interpelar al ministro de Gobierno, traerlo al
Parlamento y sancionarlo porque él es la primera autoridad que tiene que
garantizar que se cumpla la Constitución”, dijo el diputado Edgar Zegarra
(Libre).
Proyectos de ley
A punto de finalizar febrero, ¿porqué no se avanza en el
tratamiento y aprobación de leyes estructurales?, fue la consulta de EL DEBER a
legisladores del oficialismo y la oposición. Mientras desde la bancada de Libre
se limitan a decir que ésa es responsabilidad del Ejecutivo, en el PDC aseguran
que se está avanzando en la construcción de las normas, pero que todo es un
proceso. La única promesa latente es que este año empieza el tratamiento de
normas que cambiarán el modelo de Estado que dejó el MAS.
Este medio recorrió las oficinas de la Cámara Baja como la
Secretaría General, la Presidencia, la Oficialía Mayor y Ventanilla Única,
donde los funcionarios –con cierto recelo en sus respuestas– se limitaron a
decir que no conocen de la remisión de ningún proyecto de ley estructural desde
el Ejecutivo. También se consultó a la página web de Diputados y constató que
la última norma en ingresar para su tratamiento es el proyecto de ley de
régimen transitorio para garantizar el funcionamiento del TCP y del TSJ, además
de esa propuesta figuran al menos cuatro proyectos de ley contra los bloqueos o
para garantizar el libre tránsito.
Desde la Cámara Alta, el senador José Manuel Ormachea
(Libre) indicó a EL DEBER que en esa instancia legislativa tampoco tienen en
agenda ningún proyecto de ley estructural y, como es la principal fuerza
opositora, esperan un tratamiento adecuado en el que el oficialismo acepte las
propuestas de la oposición.
Ormachea subrayó que toda norma, en especial las leyes
estructurales, se aprobarán en consenso con la oposición y sus propuestas, ya
que el oficialista PDC está fraccionado, y no goza de la mayoría y mucho menos
de los dos tercios, como en las primeras gestiones del MAS.
¿Y cuáles son las leyes estructurales? Fue el propio
presidente Rodrigo Paz que, en su mensaje por los 100 días en el poder, citó
algunas normas como una “nueva ley de hidrocarburos, de minería, ley para que
la gente tenga fe para invertir en Bolivia”, decía el mandatario, quien también
habló de institucionalizar todas las entidades del Estado, estabilizar la
economía, acabar con el déficit y que toda esa tarea se está haciendo “paso a
paso” para cumplir su promesa electoral de “capitalismo para todos”.
Sobre la ley reformulada del Presupuesto General del Estado
(PGE) 2026, que aún no fue presentada por el Gobierno, la diputada Claudia
Bilbao (PDC) admitió que en el PGE vigente y heredado del MAS, aún se destinan
recursos para crear más empresas y fábricas estatales, puntos que se están
anulando en el proyecto reformulado.
El Deber
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