El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, defendió la decisión de cancelar la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), y rechazó de manera enfática las presiones de candidatos y alianzas que exigen seguir participando en las elecciones subnacionales, pese a no haber alcanzado el 3% de votación en las elecciones generales de 2025.
“No nos pidan que cometamos un delito porque no lo vamos a
hacer. La Constitución y la ley van a marcar nuestro trabajo y deberían marcar
el trabajo de todas las autoridades”, afirmó Ávila ante los periodistas.
Remarcó así que las reglas del proceso electoral “fueron aprobadas hace
bastante tiempo atrás”.
El titular del ente electoral explicó que la pérdida de
personería jurídica se produjo automáticamente tras los resultados de las
elecciones generales del año pasado, y que el TSE inició el trámite de
cancelación en ese momento. Sin embargo, el procedimiento quedó en suspenso
debido a los recursos presentados por las propias organizaciones políticas ante
el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Hay que hablar siempre con la verdad a los bolivianos. Si
esas organizaciones estaban todavía vigentes era porque recurrieron a un
trámite ante el Tribunal Constitucional. Una vez que hemos conocido el fallo,
de manera inmediata hemos realizado la cancelación de estas personerías”,
sostuvo Ávila.
-Efectos en cadena-
La decisión del TSE quedó plasmada en la Resolución 45/2026,
que dispone la cancelación de la personería jurídica de UCS y de la agrupación
ciudadana Movimiento de Organización Popular (MOP), además de la anulación de
la alianza Nuevas Ideas, conformada por UCS y la agrupación Poder del Pueblo
(PP).
Dos semanas antes, y también por instrucción del TCP, el TSE
había cancelado la personería jurídica de ADN y de las agrupaciones ciudadanas
Nacer y Pando Somos Todos.
Estas determinaciones arrastran al menos a ocho alianzas
políticas en siete departamentos, lo que implica la inhabilitación automática
de todos sus candidatos, quienes ya no podrán volver a inscribirse mediante
otra organización política. Ávila precisó además que, en las papeletas
electorales, las franjas correspondientes a estos partidos aparecerán en color
gris.
-Respaldo institucional-
La resolución generó una fuerte reacción de candidatos y
líderes políticos afectados, quienes lanzaron advertencias penales contra los
vocales electorales y contra el propio Ávila. Entre ellos figuran el
excandidato Juan Carlos Medrano (ADN–SAO) y Rafael ‘Tata’ Quispe (UCS), además
del líder de UCS, Jhonny Fernández, y del vicepresidente Edmand Lara, quien
convocó a una reunión de los frentes inhabilitados. La cita se fijó para este 2
de febrero en La Paz, pero hasta la emisión de este despacho esa cita no se
había concretado.
Quispe anunció que acudirá al TCP con un amparo
constitucional y que, de ser necesario, recurrirá a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). Incluso lanzó una amenaza directa contra el
presidente del TSE, lo que motivó una respuesta institucional.
En un comunicado público, la Sala Plena del TSE expresó su
“solidaridad y respaldo absoluto” a Gustavo Ávila, rechazando los ataques y
descalificaciones y advirtiendo que el Órgano Electoral se reserva el derecho
de acudir a instancias judiciales frente a cualquier amenaza.
Ávila, por su parte, reiteró este lunes que la decisión es
final e irreversible, y que el TSE actuó conforme al marco constitucional y
legal vigente. “Nosotros vamos a cumplir la ley. No vamos a habilitar
candidatos de partidos que ya no tienen personería jurídica”, concluyó. El
plazo para reemplazo vence este 5 de febrero para las elección es del 22 de
marzo.
El Deber
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