El Gobierno plantea condonación de deudas hasta 2017, facilidades de pago para obligaciones recientes, un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, y un IVA del 13%. El empleo informal en Bolivia bordea el 85%, el más alto de la región.
Con una tasa de informalidad que bordea el 85%, el Gobierno
busca sentar las bases para revertir este panorama con la Ley de Transparencia
y Alivio Tributario, que establece cinco medias tributarias que van desde la
condonación de deudas históricas hasta la reducción efectiva del IVA. La norma
fue enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.
“En Bolivia ser formal es caro, por eso el 15% de la
economía nacional es formal y el 85% es informal, y justo hoy hablaba con la
Central Obrera y los fabriles y les decía que hace 20 a 25 años el 45% de la
economía era formal y el 55% era informal. Las causas por las que tenemos que
construir la nación, construir la patria, nos generan un sentido común de las
transformaciones de forma muy amplia”, expresó el presidente Rodrigo Paz.
La presentación de la norma y de las medidas económicas se
realizó en el “Congreso Empresarial Cochabamba 2026: Inversión, integración y
oportunidades para todos”, organizado por la Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que
la norma fue remitida ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional y subrayó
que la propuesta “busca facilitar la transición hacia la formalidad”.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Bolivia registró en el primer semestre de 2025 una tasa de informalidad del
82,3%, la más alta de la región. El Instituto Nacional de Estadística (INE)
sitúa el dato en 84,2% a noviembre de 2025. Aunque la tasa de desocupación es
baja (1,5%) y la subocupación alcanza el 6,9%, el economista Fernando Romero
advirtió que el problema no es la falta de empleo, sino su precariedad y baja
calidad.
“La informalidad en Bolivia no es coyuntural sino
estructural. Bolivia no tiene un problema de desempleo, sino más bien de un
empleo precario, informal y de baja calidad. Más del 80% de su fuerza laboral
trabaja en condiciones informales, donde no gozan de derechos laborales,
beneficios sociales o de la posibilidad de ganar el salario mínimo nacional.
Prácticamente, en Bolivia predomina el autoempleo, subempleo y otros tipos de
actividades económicas de ‘subsistencia’”, apuntó Romero.
La Ley de Transparencia y Alivio Tributario propuesta del
Gobierno se estructura en cinco medidas centrales: la creación de un régimen
tributario simplificado y voluntario para pequeños contribuyentes; la reducción
de los plazos de fiscalización; la condonación total de deudas anteriores a
2017; un plan de regularización para obligaciones posteriores; y la
modificación del IVA para transparentar su tasa “real del 13%”.
Régimen SIETE–RG
El proyecto crea un régimen tributario especial, voluntario,
dirigido a pequeños contribuyentes con ventas menores a Bs 400.000 anuales. El
denominado Régimen SIETE–RG integra el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el
Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las
Empresas y el Régimen Complementario al IVA (IUE/RC-IVA) en un solo pago
bimensual del 5% sobre las ventas.
El objetivo es facilitar la formalización de proveedores en
sectores como gastronomía, construcción y servicios, entre otros,
permitiéndoles emitir facturas sin trámites complejos y reduciendo el costo de
ingresar al sistema formal.
Prescripción tributaria
El segundo eje reduce el plazo de prescripción de
fiscalización de ocho a cuatro años y establece que los procesos
administrativos deberán iniciarse y concluir en un máximo de dos años.
La medida apunta a otorgar seguridad jurídica y evitar que
los contribuyentes enfrenten procesos extendidos por casi una década. “Si el
contribuyente tiene plazos, el Estado también debe tenerlos”, sostuvo Espinoza.
Condonación de deudas
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la
condonación total (capital, intereses y multas) de deudas tributarias generadas
hasta el 31 de diciembre de 2017, para montos menores a Bs 10 millones.
La intención es permitir que pequeños y medianos
contribuyentes con bienes inmovilizados o cuentas congeladas puedan
reintegrarse al sistema formal sin cargas acumuladas del pasado.
“Muchos pequeños contribuyentes que por alguna deuda de hace
10, 12, 15 años hoy tienen bienes inmovilizados, cuentas congeladas y son
incapaces de volver al sistema, con esto tratamos de traer a esa gente de
nuevo”, destacó el ministro de Economía.
Deudas desde 2018
Para obligaciones generadas desde el 1 de enero de 2018, el
proyecto prevé la eliminación de intereses y multas, manteniendo el pago del
tributo omitido actualizado. Además, se habilitan planes de pago de hasta 24
meses y un plazo de 120 días para acogerse al beneficio tras la aprobación de
la ley.
El Ejecutivo sostiene que esta medida permitirá recuperar
recursos para el Estado y dar alivio financiero a los contribuyentes.
IVA al 13%
La quinta medida plantea modificar la forma en que se aplica
el IVA. Actualmente, al cobrarse “por dentro” de la factura, la tasa efectiva
se aproxima al 14,94%. El proyecto propone transparentarlo y fijar claramente
la alícuota en 13%.
“Esto significa que ustedes tienen simplicidad en el manejo
del tributario, por lo tanto menos posibilidad de errores y en consecuencia
menos posibilidad de fiscalizaciones, multas y otras cosas desde impuestos y el
contribuyente sabe exactamente qué es lo que paga de impuestos”, explicó
Espinoza.
Para el economista Germán Molina el paquete tributario puede
ampliar la recaudación fiscal en un contexto de restricciones de liquidez. A su
juicio, la condonación de deudas hasta 2017 permitirá reactivar a
contribuyentes que estaban paralizados y en el caso de las obligaciones desde
2018, los planes de pago y la eliminación de multas e intereses facilitarían
ingresos frescos para el Tesoro General de la Nación. Asimismo, señaló que el
régimen simplificado orientado al sector informal podría ampliar progresivamente
la base tributaria, que actualmente se concentra en un porcentaje reducido de
la economía formal.
No obstante, Molina advirtió que el éxito de estas medidas
dependerá de la gobernabilidad y la buena relación que construya el Gobierno
con los asambleístas nacionales. “Debe existir una buena relación del Órgano
Ejecutivo con los demás sectores del ámbito público, principalmente con el
Órgano Legislativo, para que cuando manden las leyes, estas las puedan tratar,
analizar y aprobar. Si no se allana a esa situación, el Gobierno puede quedarse
ahí, con estas medidas, porque no se puede gobernar con decretos. Se requieren
leyes que debe aprobar el Legislativo”, remarcó.
El Deber
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