Una comitiva policial y fiscal llegó hasta las oficinas del Senasag, ubicadas en el edificio de la Cámara de Exportadores (Cadex) en Santa Cruz y allanó el lugar en busca de información vinculada al cargamento de droga impregnado en madera incautado en el puerto de Arica, en Chile. El cargamento salió desde Santa Cruz.
El fiscal José Luis Porras, junto a los agentes antidrogas,
secuestró documentación para su análisis. El operativo se realizó
aproximadamente las 13:30 de este 4 de febrero, en las oficinas ubicadas entre
cuarto y tercer anillo, próximos a la avenida Roca y Coronado.
"Hemos sacado información referente a la empresa
vinculada a la exportación de la madera", explicó el fiscal.
La incautación de madera incautada en el vecino país fue
calificado como un golpe fuerte al narcotráfico. La operación destapó una
presunta red criminal transnacional con conexiones con Europa, Estados Unidos,
China, Israel y Uruguay, según informaron las autoridades chilenas y
bolivianas. Ambas unidades policiales cruzaron datos de las empresas vinculadas
con el cargamento y que habrían realizado al menos 152 envíos de madera desde
2018, principalmente a España.
De acuerdo con los avances de la investigación, la firma
exportadora estaba liderada por empresarios de nacionalidad española. Estos
datos preliminares que fueron analizados en una reunión realizada en Arica. En
dicha reunión participó el especialista español Felipe Rubio, a cargo de una
delegación de la Guardia Civil Española, además de la Policía de
Investigaciones (PDI) de Chile y la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (Felcn) de Bolivia.
El cargamento de madera proveniente de Bolivia fue incautado
el pasado 22 de noviembre de 2025. Los canes adiestrados dieron la alerta sobre
la contaminación en la madera de exportación. Tras el respectivo análisis,
confirmando que estaban impregnadas con clorhidrato cocaína. La sustancia fue
identificada mediante inteligencia artificial y análisis de laboratorio, lo que
permitió cuantificar más de 700 kilos de droga.
Sin embargo, paralelo a las investigaciones en Chile, en
Santa Cruz-Bolivia, se estableció que la madera fue exportada por la empresa
Exportmader Bolivia SRL, la misma que cuenta con certificado forestal de
origen, además de certificaciones y resoluciones administrativas de la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Esta empresa es la que habría realizado las 152
exportaciones de distintos tipos de madera desde 2018, hacia varios países,
entre ellos Estados Unidos, España, Israel, China y Uruguay. Como resultado de
las investigaciones fue aprehendida Rosio Esther C.G., la encargada de la
empresa y con poder legal para autorizar las exportaciones. La mujer fue
imputada por tráfico de drogas en una investigación liderada por el fiscal
antidrogas Rubén Ordóñez, quien solicitó su detención preventiva. El pasado 31
de diciembre fue enviada a la cárcel con detención preventiva por 180 días.
El Deber
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