La jueza cautelar Alejandra Menacho dispuso la detención preventiva, por 100 días, del alcalde Jhonny Fernández, tras concluir que existen indicios suficientes de probabilidad de autoría por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes dentro del denominado caso ‘Pavimento’. La Justicia investiga presuntas irregularidades en la ejecución de obras viales del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
Al fundamentar su resolución, la autoridad judicial señaló
que la imputación formal presentada por el Ministerio Público se sustenta en el
informe de la Contraloría General del Estado, resultado de una auditoría
operacional que evaluó la eficacia y calidad en la ejecución de obras
municipales durante la gestión 2023. Dicho documento identificó diferencias
entre lo certificado y lo efectivamente ejecutado, con un faltante físico de
1,02 kilómetros de pavimento que, pese a no haberse construido, habría sido cancelado.
De ser así, puede considerarse un posible daño económico al municipio.
Menacho explicó que la auditoría comprendió la revisión de
16 obras de pavimentación, con verificación documental, evidencia externa de
empresas contratistas e inspecciones técnicas físicas. En ese marco, se
estableció que siete proyectos concluidos y con recepción definitiva no
cumplieron el criterio de cantidad, al evidenciarse diferencias entre las
planillas de avance y lo constatado en campo. Además, se detectaron anomalías
físicas, como la presencia de postes dentro de la calzada y deterioro prematuro
del pavimento.
La jueza subrayó que, mediante informe, se notificó al
Gobierno Municipal y que, mediante el oficio 881/2025, la máxima autoridad
ejecutiva aceptó las observaciones de la Contraloría, reconociendo las
diferencias detectadas. Sin embargo, remarcó que no se evidenciaron acciones
correctivas inmediatas ni mecanismos de recuperación, sanción o reversión del
presunto perjuicio patrimonial, aspecto que —según la resolución— adquiere
relevancia penal al tratarse de una omisión en el ejercicio de funciones.
Respecto a los riesgos procesales, la magistrada consideró
concurrentes los peligros de obstaculización e influencia sobre testigos, al
advertir que varias de las personas citadas a declarar dependen funcionalmente
de la estructura municipal que dirige el imputado. Asimismo, valoró un episodio
ocurrido durante una inspección ocular, donde la presencia del alcalde con un
grupo numeroso de personas entorpeció el desarrollo del acto investigativo, lo
que fue calificado como una conducta reprochable para el curso de la
investigación.
Menacho aclaró que, en esta etapa cautelar, no corresponde
definir responsabilidad penal definitiva ni cuantificar con precisión el daño
económico, tarea reservada para fases posteriores. No obstante, enfatizó que
los informes técnicos, declaraciones testificales y documentación oficial
constituyen un bloque indiciario sólido para sustentar la medida extrema.
En consecuencia, la jueza ordenó la detención preventiva por
un periodo de 100 días, plazo que consideró proporcional y necesario para la
realización de pericias técnicas, auditorías forenses y la toma de
declaraciones pendientes. Además, fijó una audiencia de revisión de la
situación jurídica para el 5 de junio de 2026, dejando a salvo el derecho de
las partes a impugnar la resolución conforme a ley.
El Deber
No hay comentarios.: