La defensa del alcalde cruceño Jhonny Fernández presentó un recurso de apelación incidental contra la detención preventiva de 100 días dispuesta en su contra por el denominado caso Pavimento, al considerar que la resolución judicial no cumple con los parámetros legales y que no concurren riesgos procesales. Así lo afirmó su abogado, Bladimir Honor, tras la audiencia de medidas cautelares.
Honor explicó que, si bien el Ministerio Público solicitó
inicialmente 180 días de detención, la jueza Alejandra Menacho redujo el plazo
a 100 días. “Eso no significa que el alcalde vaya a cumplir ese tiempo. La
apelación está pendiente y será un tribunal de alzada el que revise si la
resolución se ajusta a derecho”, sostuvo.
El jurista cuestionó de manera directa los fundamentos
fiscales. “Un solo elemento fue presentado como central: un supuesto informe de
auditoría, que consideramos totalmente falso”, afirmó, y anticipó que en la
audiencia de apelación demostrarán la inexistencia de responsabilidad penal y
la ausencia de peligro de fuga u obstaculización.
Respecto al estado del alcalde, Honor aseguró que Fernández
“está seguro de su inocencia, no le tiene miedo a la justicia y enfrentará el
proceso”. Añadió que durante la audiencia el burgomaestre cuestionó la
incomparecencia del denunciante del caso, el exconcejal Manuel Saavedra, al
considerar que quien confía en su denuncia debería presentarse a los actos
procesales.
La detención preventiva fue ordenada este jueves para ser
cumplida en la cárcel de Palmasola. La audiencia cautelar se extendió por más
de cinco horas en el Palacio de Justicia. El proceso se originó en una denuncia
presentada en diciembre de 2025 por el exconcejal Manuel Saavedra, basada en
una auditoría operacional de la Contraloría General del Estado que observó
presuntas irregularidades en al menos 16 proyectos de pavimentación municipal.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz sostuvo que existen
indicios racionales y riesgos procesales que justifican la medida, mientras
avanzan pericias técnicas para cuantificar un eventual daño económico. La
defensa, en cambio, insiste en que no hay perjuicio patrimonial y atribuye la
causa a motivaciones políticas, extremo que el Ministerio Público rechaza.
Con la apelación ya interpuesta, el caso queda ahora en
manos de un tribunal de alzada, que deberá definir si la detención preventiva
se mantiene, se modifica o se revoca, mientras continúa la investigación.
El Deber
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