La temporada escolar comenzó hace un mes, pero solo ahora los padres pueden llevar a sus hijos a este colegio de Lima atacado con explosivos por negarse a pagar una extorsión. En la entrada, en vez de profesores, vigilan militares con fusiles.
El crimen organizado extendió su chantaje al sistema privado
de educación y afecta a miles de estudiantes, tras ensañarse los últimos tres
años con comerciantes y transportistas principalmente.
Su poder de intimidación desafía al impopular gobierno de
Dina Boluarte, que echó mano del ejército para tratar de contener la ola de
extorsiones en las calles de Lima.
«A la fecha tenemos (…)
500 colegios extorsionados» a nivel nacional, señala a la AFP Giannina
Miranda, presidenta del Colectivo Educar con Libertad, que representa a los
colegios amenazados en Perú.
De ese total, 325 se vieron forzados a cerrar por tiempo
indefinido y pasar a la virtualidad, precisó.
Las bandas han impuesto el miedo y el silencio en los
ambientes escolares, según constatan docentes y padres de estudiantes que
hablaron bajo reserva.
«Es prácticamente como una pandemia pero con armas», afirma
un padre de 40 años tras acompañar a su hijo de 13 al colegio San Vicente, en
el distrito de Comas, en el norte de Lima.
A las afueras un grupo de cinco militares y policías
vigilaban el ingreso de los alumnos.
Miedo por la extorsión
En la primera semana de marzo la institución que recibe a
1.200 estudiantes fue atacada con un explosivo. La detonación no dejó víctimas,
pero causó daños en la puerta principal y obligó a iniciar clases de manera
virtual.
Previamente, por un mensaje de WhatsApp, desconocidos habían
pedido a las directivas 100.000 soles (unos 27.000 dólares) para no atacar.
Después del atentado, llegó un video todavía más
intimidante, cuyo contenido fue compartido por el padre de un alumno del
colegio San Vicente bajo anonimato.
«YA TE EXPLOTE TU COLEGIO Y AUN SIN DARME SOLUCIÓN», se lee
en un cartel con siete balas encima rodeado de fusiles y pistolas que aparece
en la grabación.
El aviso concluye con una advertencia de muerte contra un
vigilante, un profesor o «padre de familia dentro o fuera del colegio».
Estos centros escolares pasaron a ser blanco de las bandas
locales o internacionales, que cobran a cambio de no matar o destruir.
Las amenazas inundan los celulares de directivos y
profesores. Unas 17.000 instituciones y 2,5 millones de estudiantes forman
parte de la red privada.
Ante «tanto miedo y tensión», familias está considerando no
enviar más a sus hijos a la escuela, sostiene una jubilada de 70 años.
Costo político
El auge del crimen organizado empujó a la presidenta
Boluarte a declarar el estado de emergencia por un mes en Lima, la capital
peruana de 10 millones de habitantes.
El decreto entró en vigor el 18 de marzo. Amparada en esa
figura, la mandataria sacó a los militares de los cuarteles para que apoyen a
la policía en la lucha contra la extorsión y el sicariato.
Mientras se multiplican las protestas, Boluarte se hunde en
las encuestas. Un 93% de peruanos rechaza su mandato, según recientes
encuestas, lo que la ubica entre los presidentes más impopulares del mundo.
Pese a los esfuerzos de las autoridades por presentar
resultados, la extorsión se instaló prácticamente en la actividad diaria de
millones de peruanos.
«¿Cómo explicarle a mi hijo lo que está pasando? Tener yo
que enseñarle que cuando regrese al colegio, si escucha un disparo o si escucha
una explosión» se resguarde debajo de su pupitre, se pregunta una secretaria de
30 años.
Desde hace 20 días, su pequeño de seis años recibe clases
virtuales después de que el colegio Pitágoras, en el norte de Lima, suspendió
sus actividades también por extorsión.
Según la policía, en 2024 recibió 19.443 denuncias por este
delito frente a las 22.294 del año anterior. Sin embargo, según la propia
autoridad, muchos no denuncian por miedo.
Agencias
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