Hace días atrás, el ejecutivo regional José Luis Ábrego presentó una propuesta de modificación a la Disposición Normativa Regional (Dinore) N°33 ante la Asamblea Regional, que consiste en excluir de recibir la canasta alimentaria a varios adultos mayores, además, compromete la continuidad de este beneficio a las posibilidades económicas del Gobierno del Gran Chaco.
El artículo 6 de la proposición presentada por Ábrego señala
que: “la canasta alimentaria será financia con recursos provenientes de las
regalías hidrocarburíferas, de acuerdo al techo presupuestario y disponibilidad
financiera”. Con esta modificación, la canasta dejaría de tener un costo
unitario de 200 bolivianos y la Gobernación tendría la posibilidad de cambiar
el presupuesto en cada gestión.
Mientras que el artículo 7 de la modificación manifiesta
que: “los beneficiarios de la canasta alimentara son las personas adultas
mayores en estado de vulnerabilidad económica que tengan una edad de 60 años en
adelante. Quedan exentos los que reciben un salario de una institución pública
o privada, jubilados cuya renta sea mayor a un salario mínimo nacional,
aquellos adultos mayores cuya actividad económica genere ingresos mayores a un
salario mínimo, aquellos adultos mayores cuya situación socioeconómica les
permita mantener una vejez digna”. En caso de aprobarse esta propuesta, los
sectores mencionados serían excluidos definitivamente de recibir este beneficio
a partir de la gestión 2025.
Ante esta situación, la presidenta de los Adultos Mayores de
Caraparí, Ermelinda Fernández, manifestó su rotundo rechazo a la proposición
del ejecutivo regional por ser “atentatoria y discriminatoria”.
“No vamos a aceptar ninguna modificación a la Dinore N° 33.
Hemos determinado una defensa inclaudicable y exigimos respeto a la normativa
que nos permite recibir las 12 canastas del año con un costo de 200 bolivianos
cada una”, manifestó la dirigente.
Además, la dirigente aseguró que los Gobiernos Regionales de
Caraparí y Villa Montes tienen los recursos garantizados para la entrega de
este beneficio en su jurisdicción y el único lugar en donde no se aseguró el
financiamiento es en Yacuiba. Acotó que el cambio de la normativa le permitirá
a Ábrego fijar el monto que pretenda.
“En Caraparí y Villa Montes están garantizadas las 12
canastas de 200 bolivianos, no sucede lo mismo en Yacuiba, deberían preocuparse
y exigir al ejecutivo que se mantengan (…). Si a don Ábrego se le ocurre fijar
una canasta de 100 o 50 bolivianos y decir ‘no tengo plata’ puede hacerlo”,
acotó Fernández.
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