La sucursal boliviana de la transnacional británica Shell reclama a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos la suma de 29.574.358,88 dólares americanos por los hidrocarburos entregados entre enero y julio de 2023 de acuerdo al contrato de operaciones firmado luego de las nacionalizaciones de 2006. “Socios y no patrones” se dijo entonces luego de que todos llegaran a un acuerdo pilotado por Repsol y el vicepresidente Álvaro García Linera (el ministro de la nacionalización, Andrés Soliz Rada, ya había renunciado).
El monto se estipula en una carta oficial filtrada a los
medios de comunicación y hecha pública por la periodista cruceña Maggy
Talavera, donde la petrolera Shell, titular entre otros campos del megacampo
Caipipendi, en Tarija, donde se encuentran los pozos de Margarita, que siguen
siendo el principal proveedor del contrato de exportación con Argentina.
Shell ha amenazado con liberarse de las obligaciones
emanadas del contrato del que no han recibido el pago desde el mes de enero de
2023, algo que puesto en el contexto descrito por el presidente Luis Arce y su
lapidario “hemos tocado fondo”, puede significar muchas cosas.
La petrolera de origen holandés y actualmente británica es
una de las diez petroleras más grandes del planeta y también una de las que
mayores intereses tiene en Bolivia, aunque últimamente no ha tenido los mejores
resultados.
Entre otras cosas, es la principal socia en el área
Caipipendi, que opera la española Repsol, y que aunque tiene “la joya de la
corona” en Margarita, también es el área donde se registró el fracaso de Boyuy
en 2019. Shell también opera Huacareta, donde el pozo Jaguar X6 perforado en
territorio tarijeño tampoco dio resultados y es la encargada de desmontar y
transformar inversiones en La Vertiente, algo que pretende tener concluido este
año.
Según la misiva, YPFB adeuda a Shell 29.574.358,88 dólares
americanos a los que se sumarían casi medio millón más en concepto de intereses
de demora. Shell advierte, además, de la posibilidad de quedar liberado de las
obligaciones del contrato, y reitera que el pago debe ser en dólares y no en
otros conceptos, algo que parece estar en el centro del problema.
En cualquier caso, no es la primera vez que Shell y YPFB se
ven las caras, pues en junio de 2021 ya presentaron una reclamación por el
incumplimiento de contrato de operaciones por $us 26 millones y que está en
tribunales y en junio de 2022, Shell Bolivia Corporation transfirió a
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sus operaciones y activos
de los campos Los Suris y Escondido, ubicados en Tarija.
Desde 2020 la matriz de Shell viene trabajando en una nueva
estrategia para acercarse a la emisión 0 en 2050, lo que implica avanzar en
proyectos verdes como el del hidrógeno – no necesariamente renovables, pero
además, el 25 de octubre se adoptaron decisiones a nivel global que afectan al
personal, pero sobre todo, a enfocarse en proyectos de mayor margen de
beneficio, manteniendo estable la producción de petróleo y aumentando la de gas
natural con diferentes técnicas. En ese sentido, varios analistas advierten de
que Bolivia no ofrece esas garantías.
El sistema
Por el momento, tanto YPFB como el Ministerio de
Hidrocarburos guardan silencio ante los requerimientos de información, algo que
viene siendo lamentablemente habitual.
Cabe recordar en este punto que el sistema de trabajo a
partir de la nacionalización consiste en que las empresas se convierten en
operadoras de campos y entregan su producción a precio cerrado a YPFB, que lo
comercializa. Con el ingreso se paga el servicio, se pagan regalías y el resto
va al Tesoro General de la Nación. Por el momento los gobernadores no se han
quejado por demoras en el pago de regalías. Por el momento y porque son en
bolivianos.
Los dólares, un nuevo frente
En pasadas jornadas, aunque para negar el desabastecimiento,
el presidente de YPFB Armin Dorgathen acabó asumiendo que habían faltado
dólares para pagar a los proveedores y que eso acabó causando problemas en la
cadena de abastecimiento. Shell también reclama el pago en dólares por los
servicios prestados, fundamentalmente en Margarita, tal como se señala en el
contrato de operación.
El País
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