“El Sernap da a conocer que existe una contradicción en la Ley de Minería y Metalurgia (Ley No. 535) con respecto al reconocimiento y respeto de los derechos mineros preconstituidos (Los derechos preconstituidos de las cooperativas mineras, previos a la promulgación de la Constitución Política del Estado y la nueva Ley de Minería y Metalurgia de 2014) y la obligatoriedad del cumplimiento de las normas ambientales en Áreas Protegidas”, señala el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, a través de un boletín institucional.
Agrega que, para “abordar esta cuestión de manera integral”,
se necesita una interpretación legislativa que solo puede ser llevada a cabo
por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que remitió una propuesta al
Ministerio de Medio Ambiente y Agua para buscar una solución.
“(…) Es necesario mencionar que las áreas protegidas donde
actualmente se identificaron amenazas relacionadas con la minería son: La
Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa; Reserva Nacional de Vida
Silvestre Amazónica Manuripi; El Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado (ANMI) Otuquis; Parque Nacional y ANMI Amboró; El Parque Nacional y
ANMI Madidi; Parque Nacional Tunari; ANMIN Apolobamba; Reserva de la Biosfera y
territorio Indígena Pilón Lajas; El Parque Nacional y PN ANMI Cotapata; y ANMI
San Matías”, reconoce el boletín.
Del mismo modo, el Sernap afirma su compromiso con “la
conservación de la biodiversidad y la preservación de las Áreas Protegidas de
carácter nacional”, e indica que continuará colaborando con las autoridades e
involucrados para “abordar esta problemática de manera responsable y
sostenible”.
En el documento, el Sernap señala que está prohibido el
desarrollo de actividades mineras nuevas en áreas protegidas, por lo que no se
otorgarán derechos mineros nuevos, ni se suscribirán Contratos Administrativos
Mineros en estas áreas
“El Sernap asume la responsabilidad de corregir equívocos
administrativos, generados en gestiones pasadas, que otorgaron la emisión de
Certificados de Compatibilidad de Uso de Suelo (CCUs) en zonas incompatibles
con la actividad minera y sin cumplir normas ambientales de protección. Estas
acciones correctivas deben coordinarse con la Autoridad Jurisdiccional
Administrativa Minera (AJAM) y se encuentran en proceso de coordinación”,
afirma.
Aduce que esos certificados se emitieron “en desconocimiento
de la normativa ambiental relacionada con las Áreas Protegidas”, por lo que
anuncia un análisis progresivo en el que se determinará la nulidad de esos
CCUs. La medida fue tomada en las Áreas Protegidas de Madidi, Pilón Lajas,
Cotapata, San Matías y Tunari.
Una de las demandas de los mineros auríferos de La Paz es
precisamente que estos CCUs emitidos por el Sernap vuelvan a estar vigentes.
Este grupo realiza protestas en la sede de Gobierno a la espera de reunirse con
el presidente, Luis Arce.
Por otro lado, la exdirectora del Parque Amboró, Andreína
Tolavi, denunció que existen clanes familiares que explotaban oro ilegalmente
en esa reserva; que en un operativo fueron detenidas dos personas, pero que
ahora que el parque “está desprotegido”, teme que la actividad aurífica ilegal
regrese.
El Deber
No hay comentarios.: