Distintas realidades. Ha pasado más de tres meses desde que se conoció en el territorio nacional la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (32), junto a su familia, de su lujosa vivienda en el quinto anillo de la avenida Alemania, en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz.
Marset es considerado una persona de alta peligrosidad por
las actividades que realiza a través de su organización criminal en Sudamérica,
con el envío de grandes toneladas de droga a Europa. Además, es señalado como
el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en
Colombia, en 2022, según los informes policiales de Paraguay. Sobre este
narcotraficante, en Bolivia y en Uruguay se están llevando las respectivas
diligencias, aunque con panoramas muy marcados.
En Uruguay
En el país charrúa se destapó un escándalo que derivó en una
crisis de gabinete para el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. El 1 de
noviembre, el ahora excanciller de Uruguay, Francisco Bustillo, renunció a su
cargo tras conocerse audios en los que solicitaba a una subalterna ocultar una
comunicación sobre la peligrosidad del narcotraficante uruguayo en el marco de
la tramitación de su pasaporte.
En aquella oportunidad, Bustillo anunció su decisión de
renunciar al cargo luego de que la ex vicecanciller Carolina Ache declarara en
la causa iniciada por la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la entrega
del pasaporte uruguayo a Marset, en noviembre de 2021.
Marset, hoy prófugo de la justicia, solicitó el pasaporte
uruguayo en octubre de 2021, y lo obtuvo a fines de noviembre de ese año
mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por haber intentado
salir de ese país con un pasaporte paraguayo falso.
A raíz de ello, el sábado 4 de noviembre, el ministro y el
viceministro del Interior, Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel, además del
asesor presidencial en comunicación, Roberto Lafluf, presentaron su renuncia,
las cuales fueron aceptadas por el primer mandatario.
Ache, que dimitió de su cargo en diciembre de 2022 por este
asunto, dijo que Bustillo le sugirió "perder" el celular, al declarar
el miércoles ante el fiscal que investiga presuntas irregularidades en la
entrega del pasaporte a Marset.
También dijo que Lafluf le pidió a ella y a Maciel que
"borraran" los chats en una reunión en noviembre de 2022 que tuvo
lugar en el mismo piso donde está el despacho presidencial.
Se trata de altas autoridades pertenecientes al gabinete de
jefe de Estado, que ahora dejaron sus cargos para pasar a investigación. El
fiscal de Delitos Económicos de Primer Turno, Alejandro Machado, sorprendió al
afirmar que tiene previsto citar al mandatario uruguayo para que brinde su
declaración y así aclarar la eventual destrucción de un acta notarial referente
al caso, con presuntas intenciones de ocultar evidencia a la Justicia.
En Bolivia
En Bolivia, las investigaciones pusieron en el radar a 105
personas, de las cuales 41 fueron aprehendidas, entre ellos siete extranjeros,
y 27 personas fueron encarceladas con detención preventiva. En estos números no
figura ningún ministro de Estado.
Sin embargo, en las últimas horas se observó un movimiento
inusual donde cercanos al narcotraficante, además de un funcionario de
Migración en Beni recobraron su libertad. Hasta el momento se logró
contabilizar que siete personas recobraron su libertad bajo medidas
sustitutivas.
Por ejemplo, el miércoles 8 de noviembre, Daniela Jordán
Sánchez, considerada como la agente inmobiliaria del traficante uruguayo
Sebastián Marset, recobró su libertad en una audiencia de cesación a la
detención preventiva.
Según las investigaciones que ponderó en su momento la
Policía y de la Fiscalía, Daniela Jordán era señalada de captar "palos
blancos" para lavar dinero de la organización de Marset. Ahora se
defenderá en libertad.
El 7 de octubre, el jugador charrúa Christian Latorre, que
cumplía una detención preventiva en Palmasola acusado por cinco delitos por
vínculos con Marset, también recibió detención domiciliaria. Se espera la misma
situación en los próximos días del jugador uruguayo Lucas Nahuel Casavieja.
El 30 de octubre fue beneficiado con libertad irrestricta
Rinat Leónidas Sueiro Phillips, que se desempeñaba como responsable de
extranjería de Migración del Beni.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Sueiro Phillips fue uno de
los encargados principales de firmar el trámite para la visa de permanencia de
trabajo de Sebastián Marset, cuando éste se encontraba detenido en Dubai.
El 18 de octubre, Rony Suárez, señalado por el Ministerio de
Gobierno como la persona que creó empresas fantasmas para favorecer las
actividades ilícitas del capo narcotraficante, también recibió medidas
sustitutivas.
El 14 de octubre, Romy M.M., exesposa de Erlan Morales, este
último considerado por las autoridades policiales como presunto testaferro de
Sebastián Marset, obtuvo medidas sustitutivas por la justicia.
Ella fue aprehendida después de que los agentes
investigativos hallaron en su domicilio dos cajas de proyectiles de armas,
empero, la mujer aseguró que era de propiedad de su expareja y rechazó las
acusaciones en su contra.
En cuanto a las personas que aún guardan detención
preventiva, para este viernes está fijada la audiencia de cesación a la
detención preventiva del exjugador Gualberto Mojica, acusado por cinco delitos
por sus vínculos con Marset, por compartir en el club deportivo Los Leones El
Torno.
Para la próxima semana fue fijada, por el juez Primo Flores,
la audiencia virtual de Erlan Ivar García López, conocido como “El Colla”,
sindicado de ser no solo el segundo hombre al mando de la red criminal del
narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, sino también de ser el proveedor de
droga.
El mismo ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo,
calificó a “El Colla” como un ‘pez gordo’ del narcotráfico, por sus supuestas
operaciones al enviar sustancias controladas en gran proporción a varios países
de Sudamérica, incluso, introduciendo droga emergente de Perú.
En esta investigación, tanto la Policía como la Fiscalía
ejecutaron 131 allanamientos, se secuestraron 39 inmuebles, entre ellos un
famoso centro de eventos y espectáculos.
El Comando nacional de la Policía informó que en los
allanamientos y confiscación en inmuebles, en la ciudad y en el área rural, se
registró una afectación patrimonial de casi $us 30 millones a la organización.
“Existe un alto grado de inmoralidad”
El análisis
Para el analista y militar retirado, coronel Jorge
Santistevan, la investigación que se lleva adelante en Bolivia, en comparación
la de Uruguay, sólo demuestran un alto grado de inmoralidad de las autoridades
nacionales que manejan las principales instituciones, ya que no se tocan a los
ministros cuestionados.
“Los vínculos han sido bien notorios, sobre todo de algunas
instituciones en relación con Marset. Nuestras instituciones no gozan de la
confianza del pueblo boliviano, no responden a una política del Estado”, dijo
Santistevan en contacto con EL DEBER.
Consideró que el Gobierno no sólo debió pronunciarse sino
llamar fuertemente la atención a la justicia por dejar en libertad a Rinat
Sueiro, responsable de extranjería de Migración del Beni.
Santistevan sostuvo que, ante el operativo fallido, la
divulgación de audio de Sebastián Marset, las cabezas de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Crimen (Felcc), el comandante nacional de la Policía, además del ministro de
Gobierno y del ministerio de Obras Públicas, Edgar Montaño, debieron ser
removidos de sus cargos y sometidos a una investigación.
Para Santistevan, este proceso no tendrá avances
significativos, menos aún una investigación imparcial hacia los ministros
mencionados y las personas que guardan detención en este caso continuarán
saliendo en libertad. “No creo que Marset sea capturado en Bolivia sino en otro
país”, puntualizó.
El Deber
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