El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este martes que solicitará la colaboración de Brasil y Estados Unidos para esclarecer un millonario escándalo que involucra a uno de los principales grupos financieros del país con sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores
de Estados Unidos informaron el jueves que el Grupo Aval y su subsidiaria
Corficolombiana acordaron desembolsar más de 80 millones de dólares para evitar
cargos por violación de las leyes anticorrupción.
Según la investigación, Corficolombiana conspiró entre 2012
y 2015 con Odebrecht para pagar más de 23 millones de dólares en sobornos a
altos funcionarios colombianos y hacerse con un contrato de ampliación del
corredor vial Ruta del Sol, que une el centro del país con la costa Caribe.
Crítico de la banca y adversario de algunos de los políticos
y empresarios involucrados con Odebrecht, Petro solicitó ampliar las
investigaciones.
"He ordenado a la cancillería de Colombia utilizar
todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EEUU y
Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo
Aval genera al estado Colombiano", dijo el mandatario en la red social X,
antes Twitter.
"Los brasileros que incurrieron en delitos en Colombia
gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas
impuestas en Colombia. Los contratos entre Corficolombiana y el estado
colombiano deben ser revisados", remarcó.
Luis Carlos Sarmiento, considerado el hombre más rico de Colombia,
preside el Grupo Aval. El magnate informó en un boletín que el proceso no irá a
una instancia judicial en Estados Unidos.
Para Petro, la justicia no ha revisado al detalle el proceso
en Colombia. "Le solicito respetuosamente a la fiscalía reabrir los
casos", añadió el presidente, quien ya había denunciado las
irregularidades cuando era senador.
Aval cotiza en la bolsa de Nueva York y opera en Colombia,
Centroamérica y Florida (EEUU).
Odebrecht acordó en 2016 pagar 3.500 millones de dólares
para resolver acusaciones relacionadas con sobornos en varios países.
A diferencia de otras naciones de Latinoamérica como Perú,
en Colombia no han sido juzgados altos funcionarios por esos hechos.
En 2018 la investigación dio un giro cuando Jorge Pizano,
testigo clave y auditor de un consorcio para construir una autopista, murió por
ingerir cianuro. Tres días más tarde, su hijo también falleció envenenado por
beber la misma botella. Ambas muertes están bajo análisis.
Agencias
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