Este miércoles 12 de febrero se cumple el tercer día de bloqueo en la Ruta 9 por parte de diferentes sectores, que exigen al Gobierno Regional del Chaco el cumplimiento de las Leyes 3038 y 3861, que disponen el uso de fondos provenientes del 45% de las regalías hidrocarburíferas para salud, educación y desarrollo productivo, recursos que deben ser transferidos al Gobierno Municipal de Yacuiba.
Hasta ahora no se ha dado un acercamiento entre el alcalde,
Carlos Brú, y el ejecutivo regional, José Luis Ábrego, ni entre sus
funcionarios, lo que hace más difícil concretar una solución.
Basilia Arenas, presidenta de la Junta de Padres de Familia,
confirmó que el bloqueo se mantiene. Detalló que el comité de movilización ha
llegado hasta los puntos de bloqueos para verificar el cumplimiento de la
medida de presión.
“Todos han indicado, de manera unánime, que se continúa con
el bloqueo, no habrá cuarto intermedio”, recalcó. Arenas, además, aseguró que a
los transportistas que están varados en la carretera se les está facilitando
duchas y baños, para aliviar un poco el perjuicio que están sufriendo.
Cabe recordar que por la mañana, los transportistas pidieron
un cuarto intermedio en la medida, ya que estaban desde la madrugada plantados
en carretera. Ante la negativa de los vecinos y padres de familia, los choferes
intentaron despejar la ruta, hecho que desató una serie de discusiones y
empujones entre ambas partes. La Policía Boliviana intervino para evitar que el
conflicto pase a mayores.
Son varios los puntos de bloqueo establecidos en Yacuiba,
como en la comunidad La Grampa, en Yaguacua, Tierras Nuevas, Ojo del Agua y
Campo Pajoso.
Llamado al diálogo
El coordinador de la Defensoría del Pueblo en el Chaco,
Walter Portillo, informó a Radio Aclo Chaco que la institución sigue de cerca
el conflicto que ha generado el cierre de la Ruta 9.
Desde un inicio, la Defensoría participó en las reuniones
con las autoridades municipales, quienes atribuyeron la crisis a la falta de
fondos por las leyes 3038 y 3861. Ante esta situación, los padres de familia
decidieron radicalizar sus medidas al no recibir respuestas concretas del
Ejecutivo Regional.
Portillo destacó que la Defensoría del Pueblo apuesta por el
diálogo como única vía de solución y, en ese sentido, ha solicitado a las
autoridades regionales y municipales que se sienten a negociar para atender las
demandas. Además, se ha remitido una nota formal al Comandante de Frontera
Policial, coronel Diego Bustos, solicitando presencia policial en los puntos de
bloqueo, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como
de los transeúntes afectados por la medida.
Asimismo, la Defensoría realizará una verificación in situ
en el área del bloqueo para gestionar un cuarto intermedio y permitir la
circulación de vehículos varados, priorizando ambulancias, mujeres embarazadas
y fuerzas del orden. Portillo también confirmó que el sector salud se sumó a la
protesta exigiendo el cumplimiento de las transferencias económicas.
Finalmente, reiteró la disposición de la Defensoría para
mediar en el conflicto y facilitar una solución pacífica entre las partes.
El País
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