El anticrético, una modalidad única de acceso a la vivienda en Bolivia, ha sido durante décadas una alternativa viable para quienes buscan un hogar sin recurrir a alquileres mensuales. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta práctica ha comenzado a mostrar complicaciones legales y económicas, afectando tanto a propietarios como a inquilinos.
Uno de los principales problemas que ha surgido
recientemente está relacionado con la crisis cambiaria y la devaluación del
boliviano frente al dólar. Muchas personas han realizado contratos de
anticrético en dólares, pero al finalizar el plazo del acuerdo, se han visto
perjudicadas al recibir su dinero de vuelta en bolivianos y al tipo de cambio
oficial, lo que supone una pérdida, debido a la escasez de la moneda extranjera
en el mercado.
Otra preocupación recurrente es la garantía de recuperación
del dinero al término del contrato. Un caso reciente ilustra esta problemática:
una mujer denunció que la propietaria de una casa que había sido demolida se
negó a devolverle el monto de su anticrético. Esta situación refleja la falta
de regulación efectiva y los riesgos que enfrentan los inquilinos al no contar
con mecanismos de protección suficientes.
Conflictos legales
El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y
del Consumidor, Jorge Silva, declaró en agosto del 2024 que, según la normativa
vigente, los usuarios pueden devolver sus deudas en moneda boliviana al tipo de
cambio oficial, incluso si el contrato estipula el pago en dólares.
“Aquellas personas que deben alquileres o anticréticos y que
el propietario no quiere recibir en bolivianos, deben acogerse a lo que
establece el Código de Comercio”, manifestó Silva en la oportunidad.
¿Hubo casos en Tarija?
La responsable de la Oficina de Defensa al Consumidor en
Tarija, Silvia Palacios, en una entrevista con El País, detalló que durante la
gestión 2024 se han registrado al menos siete casos relacionados con la
devolución de dinero por el tema inmobiliario, relacionado a alquileres, compra
venta de inmuebles y otros, los cuales se resolvieron mediante la vía
conciliatoria.
Palacios señaló que la Oficina de Defensa del Consumidor
está acreditada para mediar en este tipo de situaciones.
“En Tarija se nos han dado varios casos con el tema de
compras de terrenos y con condominios en donde se entregaron adelantos y no les
llegaron a cumplir la entrega inmediata. Entonces, la persona lo que hace, es
venir a nuestra oficina, presentar su reclamo contra la empresa o inmobiliaria,
nosotros notificamos para poder llegar a un acuerdo y hacemos seguimiento para
que se pueda hacer la devolución, se hace un documento para el respaldo de
ambas partes”, mencionó.
Un caso reciente
Un reciente caso relacionado con el tema del anticrético, ha
sido denunciado el pasado jueves, una mujer identificada como Beatriz en una
entrevista con Play Noticias, detalló que pagó la suma de 35.000 bolivianos por
el arriendo de un par de habitaciones, pero la casa fue demolida y ahora la
propietaria identificada como Corina A., se niega a devolver estos recursos.
“Yo he dado un dinero para vivir en anticrético, y no sabía
que tenían que venir a demoler (la casa), entonces yo entré a vivir ahí, la
señora me pidió 30.000 bolivianos”, señaló, a tiempo de advertir que los
recursos fueron transferidos mediante QR al hijo de la propietaria Armando FM.
Pero habiendo vivido 15 días en la vivienda, la propietaria
exige 5.000 bolivianos más, recursos que también han sido transferidos en dos
depósitos. Una vez efectuados todos los desembolsos, la dueña de la vivienda
pretendió obligar a la arrendataria a firmar un contrato de 10 años de
anticrético, hecho al que no accedió porque le parecía mucho tiempo.
Posteriormente, el Municipio procedió a demoler la casa,
pero al acudir donde la señora para exigir la devolución de su dinero, la
propietaria de la vivienda argumentó que no cuenta con los recursos y se negó a
devolver.
Más tarde, la propietaria reconoció que su hijo recibió el
depósito del dinero. Sin embargo, negó que se trate de una estafa, aunque se
ratificó al señalar que de momento no devolverá estos recursos, argumentando
que su persona está siendo difamada.
La propietaria intentó responsabilizar a la arrendataria por
la demolición de su casa, argumentando que si firmaba el contrato que le
ofreció, la destrucción hubiese sido evitada, ya que este documento hubiese
sido utilizado como recurso legal para evitar que el Gobierno Municipal
destruya la vivienda.
El País
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