Una declaratoria de desastre permitiría facilitar la ayuda internacional y mitigar los daños que podrían volverse irreversibles por efecto de los incendios forestales. Esa postura fue planteada por actores políticos, pero también por el Defensor del Pueblo. En primer momento, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que era una posibilidad, pero ayer su colega de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes consideró que esos pedidos eran políticos.
“Están queriendo utilizar el tema de los incendios forestales
con fines políticos y eso es lo que nosotros no podemos permitir y no podemos
dejar que esto se politice”, dijo, pero luego reactivó el debate político que
aún está vigente entre el Gobierno y el Legislativo.
“No creo que nos llegue ayuda internacional superior a estos
recursos que están bloqueados en la Asamblea (...). Desbloqueen estos créditos,
si nos hubieran dado estos créditos no hubiéramos llegado al nivel que hemos
llegado, porque hubiéramos tenido mayores recursos para enfrentar este desastre
no solo por temas naturales, sino porque también hay un componente político de
por medio”, apostilló.
La Ley 602 de Gestión de Riesgo establece que se declara
desastre nacional cuando la magnitud e impacto del evento causó daños de manera
que el Estado no pueda atender con su propia capacidad económica o técnica, una
situación en la que se requerirá asistencia internacional.
Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana (CC),
explicó que, en el caso de una declaratoria de desastre nacional, el Estado
admite que fue rebasado por la situación actual y que es incapaz para lidiar
con los incendios forestales. “Es evidente que el Gobierno quedó sobrepasado
por la situación y además reaccionó de forma tardía en la declaratoria de
emergencia del 7 de septiembre, cuando el fuego ya era incontrolable en la
región de la Chiquitania”, dijo Requena.
A raíz de los incendios en Pando, Beni y, especialmente,
Santa Cruz, Bolivia se declaró en emergencia nacional y activó medidas para
mitigar el fuego y ayudar a la población. Esa acción no es suficiente para el
Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
“Frente a esta situación de desastre natural, queremos
exhortar al Presidente del Estado Plurinacional (Luis Arce), de la manera más
respetuosa, que pueda declarar desastre nacional. En el marco de la Ley 602 de
Gestión de Riesgos. No podemos permitir que nuestra casa esté llegando a un
estado de cenizas, porque el avance del fuego está depredando, está destruyendo
totalmente la biodiversidad en nuestro país”, lamentó Callisaya.
El Defensor del Pueblo recordó que presentó una acción
popular por la inacción o ejecución de medidas insuficientes de más de 12
autoridades. Dicha medida judicial ya tuvo su primera audiencia que concedió
tres medidas cautelares.
El Deber
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