El boliviano Vequi Martínez llevaba una vida normal en Santa Cruz hasta que su pareja lo denunció en un intento de recuperar 70.000 dólares. Al revisar sus antecedentes, la Policía descubrió que era buscado en Argentina por asesinar a su cónyuge y descuartizar su cuerpo en 2003.
Tenía cadena perpetua, pero estaba libre. Josué Vequi Martínez, un boliviano de 46 años, fue sentenciado hace 18 años a una condena de por vida en Argentina por matar a su esposa y luego descuartizarla en 2003, tres años antes de su sentencia. Huyó de la justicia de ese país y se refugió en Bolivia. Hace poco más de una semana, fue detenido en Santa Cruz por estafar a otra pareja, y durante ese proceso se reveló su oscuro historial.
Josué tenía 25 años cuando acabó con la vida de su esposa, Elia Ch.N., en Villa Fátima, Argentina, el 19 de octubre de 2003. Según una publicación de Infobae.com, el hombre, que se desempeñaba como albañil, golpeó a su pareja en el costado de su cabeza con una maza de metal que usaba para preparar milanesas, provocándole “fracturas en los huesos temporales, parietal y peñasco del lado izquierdo que derivó en su muerte”.
Después, descuartizó el cuerpo y, con la intención de ocultar el crimen, arrojó partes en dos basureros diferentes ubicados cerca de su casa, mientras que el resto decidió enterrarlo en su casa.
El proceso duró tres años, durante los cuales su abogado solicitó que el caso se considerara como “homicidio preterintencional”, argumentando que Josué no había tenido la intención de matar a su esposa. Sostuvo que fue su pareja quien inició la discusión, y que él le quitó la maza; al estar “muy nervioso”, la golpeó sin imaginar el desenlace fatal. Confesó que arrastró el cuerpo hasta el baño, donde comprobó que ya estaba sin vida y quiso deshacerse de todo.
No obstante, los jueces sostuvieron que Josué, al haber utilizado un objeto contundente y golpearla en la cabeza, era razonable que pudiera causarle la muerte, por lo que lo sentenciaron por “homicidio agravado por el vínculo”. Además, existía un amplio historial de “violencia doméstica”.
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FUGITIVO ENTRE NOSOTROS
Al enterarse de que podría pasar toda la vida en prisión, Josué decidió escapar. Se refugió en Bolivia, fingiendo que nada había sucedido. Hace una semana, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz, lo detuvieron en el barrio El Dorado. La aprehensión se produjo tras una denuncia por supuesta estafa, interpuesta por su pareja, quien exigía la devolución de 70.000 dólares.
El hombre se había establecido en Santa Cruz. Tenía un hijo de 12 años y vivían en un inmueble que tomó en anticrético. Nadie podía imaginar lo que Josué era capaz de hacer; incluso la dueña del inmueble confesó haber sentido “escalofríos” al enterarse del crimen que cometió en Argentina, ya que lo veía como una persona “tranquila y normal”.
Cuando los agentes revisaron los antecedentes de Josué, descubrieron que estaba siendo buscado en Argentina por haber matado a su esposa. Además, tenía un proceso abierto en 2019 en Tarija, donde una expareja de nacionalidad argentina lo denunció por violencia familiar y doméstica, aunque también había escapado de ese departamento. Por este caso, lo notificaron por edicto en 2022 para que iniciara el juicio, pero el hombre no se presentó.
Después de haber sido aprehendido hace una semana, fue trasladado a Tarija, donde fue puesto ante un juez cautelar por el caso de violencia, quien le impuso detención preventiva en el penal de Morros Blancos.
Se conoce que la Gendarmería Nacional de Argentina ya ha solicitado información a sus homólogos en Bolivia y que se está tramitando su extradición para que cumpla su condena de cadena perpetua por haber asesinado a una mujer.
En Argentina, el delito de homicidio agravado se sanciona con reclusión perpetua y se aplica en 12 circunstancias específicas, entre las cuales se incluye el asesinato de un ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o de la persona con quien se mantiene o mantuvo una relación de pareja, haya habido o no convivencia.
En cambio, en Bolivia, la pena por un delito de este tipo, que se clasificaría como feminicidio, contemplaría una condena de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto. Esta es la pena máxima que se impone en el país por delitos graves, además del feminicidio, como el asesinato, parricidio e infanticidio.
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