La agenda semanal de la Cámara de Diputados contempla el tratamiento del proyecto de Ley de Pensiones que está en plena negociación con los médicos, maestros, docentes universitarios y jubilados. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Carlos Iriarte dijo que el miércoles puede ser la reunión definitiva sobre este tema.
“El proyecto de Ley va a seguir saliendo en la agenda
semanal porque nos dijeron que ya no se puede sacar de la agenda; pero el
compromiso del presidente de la Cámara es que no se va a tratar hasta que no
haya un consenso, y estamos trabajando, hoy fue una de las últimas reuniones”,
dijo en contacto telefónico.
El 16 de abril pasado, médicos y la comisión de
Planificación de la Cámara de Diputados llegaron a un preacuerdo para no tratar
la reforma de la Ley de Pensiones que en su disposición adicional única prevé
la jubilación obligatoria, propuesta que es rechazada por los trabajadores en
salud, maestros y docentes universitarios. El 22 de abril, la directiva de
Diputados publicó un comunicado con su compromiso y evitó un paro médico de 72
horas que se estaba gestando.
“Estos días estuvimos trabajado con el presidente de la
comisión de Planificación (Omar Yujra) y el viceministro de Pensiones (Franz
Apaza). Todos hemos expuesto nuestros puntos de vista y tenemos que tener una
respuesta”, dijo el doctor Iriarte.
La posición de los médicos es invariable, ya que la
disposición adicional única no puede ser aprobada, por lo que mantuvieron esa
decisión en las reuniones que tuvieron hasta el momento.
“Con el objeto de coadyuvar a la preservación de la salud y
bienestar de la población adulto mayor, los asegurados dependientes que tengan
sesenta y cinco (65) años o más y cumplan requisitos establecidos en la Ley N°
065, se acogerán y ejercerán el derecho a una Pensión de Vejez o Pensión
Solidaria de Vejez en el Sistema Integral de Pensiones”, señala el primer
parágrafo de esta propuesta legal.
En el segundo, afirma que si el asegurado quiere seguir
trabajando puede hacerse un examen médico que certifique sus facultades.
Finalmente, en el tercer parágrafo excluyen de esta disposición a todos los
políticos.
“Se encuentran exentos de la aplicación del Parágrafo I de
la presente disposición, las autoridades electas, designadas y de libre
nombramiento”, señala el texto, algo que rechazan los trabajadores de los
diferentes sectores.
El Deber
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