Un desmayo en las celdas de la Policía Judicial provocó la suspensión de la audiencia cautelar del empresario, Harold Lora, quien enfrentaba la posibilidad de ir a prisión por seis meses. Según los informes proporcionados desde el lugar, el acusado sufrió una “descompensación”, por lo que lo llevaron a un hospital.
La audiencia, que se instaló este martes, estaba referida a
una denuncia que presentó una persona, mientras que está pendiente la segunda
imputación por otra denuncia por el mismo delito. Asimismo, está pendiente el
caso de legitimación de ganancias ilícitas, que debe realizarse este miércoles
porque la imputación ya fue presentada. Ahora se modificarán todos los horarios
por el desmayo del acusado.
Según la declaración del viceministro de Gobierno, Roberto
Ríos, Lora tiene más de 30 denuncias en los tribunales de La Paz, las que
extrañamente fueron rechazadas por la Fiscalía; los únicos casos por los que lo
llevaron ante un juez fue por violencia intrafamiliar, por denuncia de su
exesposa.
Sin embargo, el fiscal departamental, William Alave dijo que
fueron tres denuncias que llegaron hasta el Ministerio Público y las tres
fueron rechazadas; las víctimas decidieron apelar esos rechazos, los que debían
ser definidos por el propio Alave. Fue por su decisión que los casos fueron
admitidos y se inició la investigación contra el constructor de edificios.
Harold Lora es hijo del general de Policía, Hugo Lora
Caballero, quien dejó a su hijo seis bienes inmuebles sin que se conozca el
origen de ese patrimonio. La Fiscalía llegó a investigar el caso del general
Caballero, quien fue acusado por la malversación de Bs 25 millones en 2012, en
el Consejo de Vivienda Policial (Covipol).
Lora era un desconocido hasta 2018 cuando aparecieron las
construcciones denominadas “Las Loritas” y se conoció de otras edificaciones.
Según las investigaciones el acusado es propietario de Youths Buildings y
Naffel, además de la compañía comercial Lidita SRL. Esa parte de la sorpresiva
fortuna es parte de la investigación por legitimación de ganancias ilícitas.
El Deber
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