Jaime Mamani, el viceministro de Defensa Social responsable de la lucha contra el narcotráfico, llevó a su familia a ‘un sitio seguro’, según vecinos de la población de Entre Ríos que está en el trópico de Cochabamba. La versión también fue corroborada desde la Asamblea Legislativa, pero fue rechazada anoche por el aludido, quien dijo que vive en Entre Ríos.
La autoridad era dirigente de los sindicatos cocaleros de
esa esa zona. En noviembre de 2023, la Coordinadora de las Seis Federaciones
del Trópico de Cochabamba lo expulsó “por traición”.
“Hay amenazas constantes, al menos por eso es que, también,
su familia —el hermano Mamani— se lo ha llevado a Santa Cruz”, reveló la
diputada Gloria Callizaya que es parte de la bancada del MAS leal al presidente
Luis Arce.
En su programa dominical emitido por radio Kawsachun Coca,
el exmandatario dijo el domingo que el viceministro puede morir a manos de los
traficantes de cocaína cuando deje el cargo. Esto porque, según dijo Evo, la
autoridad estaría implicado en extorsiones.
“Sus mismos compañeros de Entre Ríos dicen cómo está
implicado en el narcotráfico. ¿Sabes qué dicen los compañeros de base? (…).
‘Cuando ya no sea viceministro los narcos lo van matar’. ¿Por qué digo? A unos
les saca plata, a otros persigue y ambos le van a saltar”, afirmó Evo Morales.
La reacción del exmandatario, quien lidera a productores de
coca del trópico de Cochabamba, fue porque Mamani indicó que hay municipios de
esa región, como es el caso de Villa Tunari, donde hay mucha actividad del
narcotráfico. “¿Qué moral tiene para hablar?”, protestó Morales.
“Si en caso pasara algo con mi familia y mi persona va a ser
meramente responsabilidad del señor Evo Morales Ayma”, reaccionó el lunes
propio viceministro por efecto de la advertencia transmitida por el propio
expresidente.
Además, se declaró sorprendido por el tono con el que habló
Evo Morales. “Es como si él conversara con narcotraficantes o si estaría
involucrado en este delito”, cuestionó Mamani luego de rechazar las denuncias
del expresidente.
El viceministro estuvo ayer en el parque Amboró junto con el
ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Allí participó de un acto en el que
se erradicó los últimos metros cuadrados de coca ilegal.
En un contacto con EL DEBER, Del Castillo dijo que los
problemas con el exmandatario comenzaron hace algo más de un año, cuando el
líder cocalero pidió reunirse con el director de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico (Felcn) para “coordinar” las operaciones en esa región.
“La Felcn tiene presencia en todo el país y no tiene que
pedir permiso a nadie para operar”, señalo el ministro respecto a la solicitud
del expresidente que fue denegada, según subrayó.
En lo que va del año, el 67% de los 1.012 laboratorios de
pasta base de cocaína destruidos en el trópico de Cochabamba estaban en Villa
Tunari. “Estos resultados le molestan al señor Evo Morales, por eso arremete
contra mi persona”, comentó Mamani en la rueda de prensa que brindó el lunes.
“Siempre ha sido amenazado, anteriormente igualito le ha
amenazado al hermano Mamani”, remarcó la diputada Callizaya tras cuestionar el
destino de la coca producida en esa región. “Dónde la coca es más consumible;
la del Chapare no es”, apostilló.
“Evo debe saber muchas cosas y por eso también le amenaza”
remarcó y anticipó que en las próximas horas se conformará una comisión
legislativa para establecer el alcance de las acusaciones vinculadas a este
ilícito.
“Siempre ha habido (narcotráfico) y por eso es que, en el
Chapare, hasta cierto lugar entras, pero más adentro no puedes entrar; no
sabemos qué hay más adentro. Hemos hecho investigaciones que, en su momento,
también lo vamos a indicar”, señaló Callizaya.
En este escenario, legisladores aliados de Evo Morales
también reaccionaron. “Pero, hay personeros del trópico que dicen que a unos
les estuviese dando favor y a otro no. Es posible que pase lo que ha denunciado
el compañero Evo. Mamani tiene que responder y no siempre ser ‘lacayo’ y
‘llunku’ del Gobierno”, arremetió luego el diputado evista Freddy López.
Pidió que en este caso no se mezclen aspectos políticos con
el contenido de la denuncia.
La Ley 906 establece que el consumo de coca para fines
medicinales y rituales es legal en el país. Para cubrir esta necesidad, se
pueden producir hasta 22.000 hectáreas de coca; 14.300 hectáreas en Yungas de
La Paz y hasta 7.700 hectáreas en el Chapare.
Desde 2017, cuando entró en vigor esta norma, los límites de
producción han sido sobre pasados, incluso hasta las 30.000 hectáreas, como
sucedió en 2022.
“¿Dónde está el fiscal Juan Lanchipa y el Ministerio
Público? Ya tendrían que haber iniciado de oficio esas investigaciones, no solo
a Mamani, hay otros viceministros implicados en esto que ha pasado que es el
narcotráfico”, apuntó el legislador evista sin dar más detalles respecto al
resto de las autoridades implicadas.
“Como Asamblea hemos pedido informes y nos han cortado las
interpelaciones”, se lamentó el diputado López ante los periodistas. Recordó
así la acción legal que les impide esa fiscalización.
“Hay una pelea de carteles de los arcistas y evistas; entre
quienes promueven la producción de droga y otros que protegen a los peces
gordos del narcotráfico”, contrarrestó, por su lado, el diputado Alberto
Astorga de Comunidad Ciudadana (CC).
El Deber
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