Fueron cuatro maratónicos días de análisis, debate y propuestas, que concluyeron la tarde de este domingo, como parte del Pre Foro Social Panamazónico (Fospa).
El evento se realizó en Rurrenabaque (Beni) y en San
Buenaventura (La Paz), del 20 al 23 de julio, con la participación de 250
representantes de unos 50 pueblos indígenas y una treintena de organizaciones
de investigación social, derechos humanos y activistas.
A través de una declaración del Pre Fospa, los participantes
dejaron por escrito sus demandas y propuestas al Estado Boliviano, pero también
sus inconformidades y denuncias.
Entre los temas más recurrentes están la vulneración al
territorio y los derechos indígenas, las políticas públicas que impulsan el
extractivismo, la contaminación y deforestación, la poca transparencia en los
mecanismos de gestión de recursos económicos para la Amazonia.
Muy vulnerables
En los primeros puntos de la declaración, los firmantes
exigieron dar continuidad y concluir el proceso de saneamiento y titulación de
todos los territorios indígenas y comunidades campesinas originarias, así como
proceder al desalojo de los ilegales.
"En particular, destacamos la situación de los pueblos
indígenas altamente vulnerables a quienes la negación del derecho al territorio
los ha puesto bajo un serio riesgo de etnocidio, como los esse ejja de
Eyiyoquibo, los tsimane del sector Ya' Cama, los tacana del río Beni y Madre de
Dios, y otros territorios que no han recibido respuesta oportuna".
También demandaron que sean más cortos y ágiles los
procedimientos para la consolidación de las autonomías Indígenas Originaria
Campesinas, ya que las trabas les limitan derechos y son reflejo de la
"falta de voluntad política del Gobierno".
En otro punto, los firmantes denunciaron que, a pesar del
avance normativo en materia de derechos colectivos y el reconocimiento
constitucional de igual jerarquía entre la Jurisdicción Indígena Originario
Campesina (JIOC), persisten prácticas que subordinan y no otorgan la
institucionalidad y garantías necesarias para el ejercicio efectivo de la JIOC.
Instituciones del Estado
Las organizaciones participantes en el Pre Fospa además
denunciaron el accionar de instituciones públicas como el INRA, ABT, AJAM y
Tribunal Agroambiental (TAA), que vulnera el derecho ancestral a la propiedad
colectiva territorial, al uso y aprovechamiento tradicional de los bosques y
bienes naturales existentes en su hábitat, de parte de los indígenas.
Otra exigencia plasmada es la aplicación de sanciones a los
administradores de justicia (jueces, fiscales y policías) que no respetan las
sentencias de instancias superiores a favor de la JIOC y que incumplen las
determinaciones emitidas por esta.
Asimismo, pidieron que se identifique y sancione a las
empresas privadas, cooperativas y personas responsables de los ecocidios y
biocidios que vulneran los derechos fundamentales de las personas y derechos de
la naturaleza, y que los responsables indemnicen a los afectados y que reparen
los daños, quedando sujetos al cese de actividades.
Emergencia climática
En otra de las conclusiones, indígenas y organizaciones
rechazaron los proyectos extractivistas que destruyen la "Casa
Grande".
"Rechazamos que el Gobierno y sus diferentes instancias
y empresas permitan y promuevan el modelo de desarrollo agro extractivista que
vulnera los derechos fundamentales de los TIOCS y de los habitantes de la
Amazonia", dijeron, y exigieron modelos de desarrollo productivo sostenibles,
coherentes con la vocación de la tierra, y acordes a la cosmovisión indígena.
Asimismo, demandaron proyectos sustentables para las
comunidades, como el turismo sostenible y comunitario, y políticas públicas que
incentiven la recuperación de los saberes ancestrales, y la restauración de
especies nativas, maderables y no maderables.
Además, pidieron la creación de redes y alianzas de comercio
justo, economía social comunitaria, la generación de capacidades productivas,
de gestión de proyectos en diversas áreas, y la creación de un “sello
amazónico” que certifique que los productos a ser consumidos nacional e
internacionalmente contribuyen a la preservación y conservación de la Amazonia,
y que no generan la deforestación y contaminación.
Los participantes en el Fospa también denunciaron que,
aunque la Amazonía vive una emergencia climática, Bolivia es el tercer país del
mundo en pérdida de bosques primarios, debido a actividades extractivas del
agronegocio, la ganadería, la minería y las políticas públicas.
"Rechazamos las iniciativas de biocombustibles con base
en la palma aceitera (africana), soya y otros cultivos que están siendo
promovidas por el Gobierno, ya que profundizarán la deforestación",
indicaron.
Falta de transparencia
Otro punto cuestionado tiene que ver con los mecanismos de
financiamiento de proyectos para la Amazonía. "Exigimos que sean
transparentes, participativos y directos para que los recursos lleguen a las
comunidades que preservan la Amazonía, y no se despilfarren en la burocracia,
las consultorías y la corrupción, ni promuevan mecanismos de mercantilización
de la naturaleza".
Minería y agua
Una de las grandes problemáticas para los pueblos indígenas
tiene que ver con el agua. Demandaron normativas con participación de los
pueblos indígenas y campesinos originarios para la preservación y conservación
de las nacientes y ojos de agua y la implementación de programas de monitoreo y
gestión del agua, así como de reforestación y forestación.
Asimismo, reclamaron que se reconozca al río Beni, al río
Tuichi, río de Tucabaca y a todos las cuencas, ríos, lagunas y vertientes de
Tierras Altas y Bajas como sujetos de derechos, para que no sean afectados por
actividades extractivas, carreteras, megraproyectos hirdroeléctricos,
actividades mineras y de remoción de materiales.
Exigieron la creación de un programa de salud gratuito,
obligatorio y especializado para los afectados por la minería y que Estado
reconozca los estudios y evidencias de los territorios afectados por
actividades extractivas, llevados a cabo por monitores comunitarios, ong y
universidades.
"Demandamos que la fiscalización de las actividades
mineras se realice con participación de los pueblos indígenas y comunidades
locales, así como gobiernos locales, municipales y departamentales. Reclamamos
el respeto de la tradicional actividad minera artesanal".
También cerraron filas ante la intención de la AJAM de
reconocer derechos preconstituidos mineros en áreas protegidas, que
"ilegalmente" se dieron hasta 2015.
"Exigimos que se respete la fecha de creación de las
áreas protegidas y la modificación de la Ley Minera por atentar contra la
naturaleza y los pueblos. Deben quedar prohibidas las actividades mineras en
áreas protegidas y territorios indígenas. Llamamos a movilizarnos en defensa
del área protegida del Madidi y de todas las áreas protegidas del país contra
todo tipo de avasallamiento".
Respaldaron la Acción Popular impulsada por la Central de
Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), en su búsqueda por garantizar los
derechos fundamentales de los pueblos indígenas afectados por la el mercurio.
Adicionalmente, exigieron la inmediata aplicación de las
tres sentencias constitucionales del Ayllu San Agustín de Puñaca, Choro y Lago
Uru Uru, que obligan a las autoridades nacionales, departamentales y
municipales la inmediata atención a las comunidades afectadas por las
actividades mineras desarrolladas en los alrededores de los lagos Uru Uru y
Poopó. "Exigimos el cumplimiento del decreto supremo 0335 de emergencia
ambiental".
Por último, reclamaron el respeto a la consulta previa sin
trampas y con carácter vinculante. "Cuando decimos no, es no",
puntualizaron.
El Deber
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