Los especialistas y las organizaciones internacionales recomiendan clasificar a los reclusos, sean éstos preventivos o sentenciados, de acuerdo a la gravedad del delito por el que se los juzga. Si bien existen esos criterios, la realidad del sistema penitenciario de Bolivia no permite cumplir a cabalidad esta recomendación, por lo tanto, el único parámetro que siguen los administradores de justicia es el nivel de hacinamiento.
“Quien determina a qué recinto enviarlos es el juez que maneja el proceso, pero lamentablemente vemos que no se está cumpliendo esa clasificación porque en un recinto de mínima seguridad o algunas provincias están con privados de libertad con condena de 20 o 15 años por delito de violación, asesinatos”, explicó el asesor legal del Régimen Penitenciario en Cochabamba, Israel Rocha.
En Cochabamba, al igual que en el resto del país, la sobrepoblación de los recintos penitenciarios sobrepasa el 200 por ciento y, como mínimo, unas 10 personas son enviadas a las cárceles cada día. A esto se suma que —según el último informe de la Defensoría del Pueblo— siete de cada 10 internos son detenidos preventivos.
Por ejemplo, la población de San Sebastián Varones de Cochabamba triplica su capacidad.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Henry Santos, señala que existe un protocolo de clasificación de reclusos para determinar a qué recinto penitenciario corresponde remitir a las personas juzgadas, pero esto no se cumple por la saturación que existe en las cárceles.
“Existe una clasificación y una disposición para que los jueces puedan decidir la reclusión de los condenados, siempre atendiendo la gravedad de los delitos, pero necesitamos mayor infraestructura carcelaria para poder cumplir con mayor cabalidad esa clasificación de los sentenciados”, dijo Santos.
Explicó que en las audiencias son los representantes del Ministerio Público que requieren o solicitan la reclusión de imputados a cárceles específicas, pero es el juez quien, una vez que analiza y ve todos los antecedentes, toma la decisión respectiva.
La abogada del Régimen Penitenciario, Leydi Fuentes, informó que en el penal de San Antonio, ingresan los acusados —en su mayoría— por asistencia familiar; en San Sebastián y El Abra son recluidas las personas que son procesadas por asesinato, homicidios, feminicidios, infanticidios u otros delitos graves; en San Pedro ingresan los procesados por tráfico de drogas, estafa, robo; mientras que en los otros penales también son remitidos juzgados por delitos menores.
En el caso de las mujeres, son recluidas en el penal de San Sebastián Mujeres, debido a que en Bolivia ya no existen cárceles mixtas; sin embargo, en San Pedro de Sacaba existen al menos cinco mujeres que cumplen una sentencia y otra detención preventiva.
“En todos los penales hay personas con sentencia por sus delitos, de acuerdo a la clasificación que ha emitido el Tribunal Departamental de Justicia la circular 03/2018, con referencia que en los recintos de mayor seguridad deben estar los sentenciados mayor a 15 años; sin embargo, no son cumplidas por las autoridades y envían a los sentenciados y con preventiva a cualquier edad penal sin analizar el delito”, dijo Fuentes.
Riesgos
El exdirector de Régimen Penitenciario y criminólogo Ramiro Llanos, en reiteradas ocasiones, cuestionó el hecho de que la población carcelaria no esté clasificada según la gravedad del delito.
“Además, las cárceles están llenas de alcohol y droga, y no hay clasificación”, pues conviven personas encarceladas por delitos menores junto a “violadores, asesinos y contándose sus anécdotas”, lo que genera un “contagio criminal”, alertó en una declaración a ANF.
Agregó que, en Bolivia, además de la infraestructura, hace falta un sistema de reinserción social y esto forma parte de una política criminal.
Inspección
En marzo, la Defensoría del Pueblo encontró deficiencias y limitaciones en la atención médica en 10 centros penitenciarios del país, donde también hay hacinamiento e insuficiente personal policial, aspectos que, según la institución, son factores indirectos para que ocurran fallecimientos en las cárceles.
Los centros penitenciarios donde se realizó esta inspección son: Palmasola varones (Santa Cruz), Morros Blancos (Tarija), Centro Penitenciario El Abra (Cochabamba), Centro Penitenciario La Merced (Oruro) y Centro Penitenciario Villa Busch (Cobija).
Además, el operativo alcanza al Centro Penitenciario de Mocoví (Trinidad), Centro Penitenciario de San Roque (Sucre), Centro Penitenciario de Cantumarca (Potosí), Centro de Rehabilitación Qalahuma (Viacha) y el Centro Penitenciario San Pedro (La Paz), hasta donde llegó el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.
Detalló que, en 2022, 12 personas murieron en las cárceles del país, de las cuales nueve fallecieron por causa natural, dos por suicidio y una por homicidio.
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