Cuatro puntos restan para aprobar la reglamentación de la Ley de compra de oro para el fortalecimiento de las reservas internacionales; sin embargo, esos temas son los que más divergencias están generando entre mineros y el Banco Central de Bolivia (BCB). Se aguarda finalizar el documento hasta la próxima semana.
La bancarización, la legitimación de ganancias ilícitas, la
cantidad y el precio del oro y que el Gobierno se encargue de los gastos de
realización con una fundición propia, son los temas de mayor debate.
El Gobierno y las cooperativas se pusieron de acuerdo en los
artículos referidos al objeto, El ámbito de aplicación, la finalidad y
definiciones.
El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras
Auríferas de Bolivia (Fecmabol), Róger Coata, explicó que hasta la fecha existe
un avance positivo de casi 90% en la reglamentación.
Sin embargo, reconoció que el 10% restante es lo que más
debate genera, empero, aguardan concluir todo el trabajo hasta la siguiente
semana para que norma entre en vigencia.
“Tenemos un avance del 85 al 90%. Nos faltan cuatro
artículos para definir la reglamentación de la Ley 1503, la ley del oro. Como
actores mineros productivos estamos avanzando, pero hay algunas observaciones
que en las mesas técnicas vamos a definir. Yo creo que el lunes ya podemos
culminar”, dijo, entrevistado en Gigavisión.
Coata explicó que uno de los puntos de discusión es la
bancarización. Los cooperativistas plantean el pago de forma inmediata tras la
venta del oro y no mediante un banco. Indicó que existen cooperativas alejadas
y es muy burocrático ir a tramitar el pago a una agencia bancaria.
También está pendiente la cantidad de oro que comprará el
BCB a los cooperativistas. “Se dijo aproximadamente 200 gramos, pero queremos
que el pequeño productor minero aurífero artesanal, que a veces saca 50, 20, 30
gramos, que también forme parte de la compra”.
Además, el sector aurífero quiere que la compra de oro sea
por onza troy y según la cotización internacional.
También existen observaciones a los gastos de realización.
Los mineros plantean que éstos deben ser cubiertos por el BCB y sugieren que el
Estado ponga su fundición para el tratamiento del metal. Estos gastos implican
transporte, seguridad y fundición del oro, entre otros.
“Nosotros estamos solicitando al BCB que pongan ellos su
fundición. Que compren ellos la pistola para el análisis, todo eso ha quedado
pendiente”, acotó el dirigente.
El tema más debatido es respecto a la legitimación de
ganancias ilícitas, pues los mineros se oponen a lo que consideran una
fiscalización.
El dirigente cuestionó que intenten indagar de dónde los
mineros obtienen su maquinaria pesada o con qué recursos se compran una casa o
un auto.
La ley de compra de oro está destinado al fortalecimiento de
las Reservas Internacionales Netas (RIN). Según la norma, el BCB deberá
mantener un mínimo de 22 toneladas de reservas de oro de las RIN.
El BCB podrá, además, realizar operaciones en los mercados
internacionales, ya sea con compra, inversión, depósito y convertir las
reservas en divisas, a fin de optimizar la liquidez y rendimiento de las
reservas internacionales.
La Razón
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