En un ampliado en Tarija, el sector gremial determinó un ultimátum de 72 horas al gobierno central para abrogar el Decreto Supremo 5143 y se preocupe en solucionar la escasez de dólares en el país.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores
Gremiales de Bolivia, Toño Siñani, advirtió que el gobierno tiene plazo hasta
el jueves para que abrogue el Decreto Supremo 5143, retire el proyecto de Ley
145 y resuelva la falta de la divisa estadounidense.
¿Cuál es la advertencia?
"Si no da atención a estos puntos, desde el jueves se
vienen las movilizaciones a nivel nacional de manera gradual", declaró
Siñani a EL DEBER.
El dirigente no descartó que, a mediados de la próxima
semana, se acate el bloqueo de carreteras en el país, principalmente si no se
abroga el Decreto 5143, que afecta a la propiedad privada.
"Si no abroga el decreto 5143 los gremiales desde el
viernes se movilizan con marchas de protesta en cada departamento contra el
gobierno central", afirmó Toño Siñani.
Al término del ampliado, Siñani dijo que están en desacuerdo
con la aplicación de esa normativa gubernamental que afecta a la propiedad
privada mediante un control arbitrario e ilegal.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores
Gremiales de Bolivia, Jesús Cahuana, declaró que ningún boliviano está de
acuerdo con que el gobierno intervenga directamente en sus terrenos o bienes
inmuebles que don producto de toda una vida de trabajo.
Agregó que la movilización del sector gremial es una
determinación que se debe cumplir en todo el país.
De su lado, Siñani no descartó que a mediados de la próxima
semana se determine el bloqueo de carreteras si el gobierno no abroga el
decreto 5143 y retire el proyecto de Ley 145.
Preocupa la escasez de dólares
Al sector también le preocupa la escasez de dólares en el
mercado financiero. "Estamos exigiendo al gobierno que solucione la falta
de esta divisa porque ya surgen amenazas de las panaderías de subir el precio
del pan, el aumento de los repuestos y otros productos a causa de la mala
gestión", expresó Siñani.
Pese al ultimátum del sector gremial, la diputada Luciana
Campero denunció que el gobierno central lícito la adquisición de
infraestructura tecnológica para implementar el Sistema Único de Gestión de
Servicios y Registro de Derechos Reales.
Según Campero, la Agetic lanzó la licitación, a través del
Sicoes, a finales de abril pasado.
"Son más de Bs 31 millones que la Agetic destinó para
la compra de computadoras y un software que permitirá al gobierno manipular
datos del derecho privado de los bolivianos", advirtió la parlamentaria.
El Deber
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