La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró este martes durante unas tres horas en la Fiscalía de la Nación (general) sobre las muertes en las protestas antigubernamentales, entre diciembre y marzo pasados, que pedían su renuncia y el cierre del Congreso.
Boluarte salió del edificio del Ministerio Público, ubicado
en el centro histórico de Lima, sin hacer declaraciones y dentro de una
camioneta con su resguardo policial, y se dirigió al Palacio de Gobierno,
después de casi tres horas de interrogatorio.
La mandataria aseguró la semana pasada que acudirá a la
citación porque su intención es contribuir a “esclarecer los hechos con la
mayor celeridad posible” y que, por ese motivo, no iba a utilizar la
prerrogativa de que su declaración se tome en el Palacio de Gobierno.
Remarcó, sin embargo, que solo ofrecerá su declaración ante
la fiscal general porque “es la única autoridad competente en las
investigaciones de altos funcionarios del Estado peruano de acuerdo a ley”.
El abogado de Boluarte, Joseph Campos, declaró a los
periodistas, antes de entrar a la diligencia, que la mandataria “no va a usar
el silencio como un medio de defensa”, sino que va “a responder todas las
preguntas a la Fiscalía”.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros,
Alberto Otárola, reiteró, en declaraciones a RPP, que Boluarte “no va a guardar
silencio” en el interrogatorio con la fiscal de la Nación porque “su interés es
que las cosas se esclarezcan”.
El Gobierno defiende las acciones durante las protestas
En una entrevista telefónica desde España, el primer
ministro defendió la postura del Ejecutivo sobre las muertes y lesiones graves
producidas durante el control de las movilizaciones antigubernamentales al
afirmar que es importante investigar a los agentes de la Policía o de las
Fuerzas Armadas que hicieron un “mal uso” de su armamento y que esa conducta no
respondió a una orden institucional.
En la investigación también se ha incluido a Otárola; a su
antecesor, Pedro Angulo; a los exministros del Interior Víctor Rojas y César
Cervantes; y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Boluarte ya acudió a la sede del Ministerio Público el
pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de la
resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió
que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro
Otárola.
Como parte de la investigación, la Fiscalía también citó a declarar
este lunes, como testigo, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
Manuel Gómez de la Torre, pero este pidió que se cambie la fecha de esa
citación.
Bajo atención internacional
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado
del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde
enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda
de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las
elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante
esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77
fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron
por acciones como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad
durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones
extrajudiciales” en Perú.
Agencias
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