Los casos de violencia policial se mantienen impunes en Argentina por encubrimiento, investigaciones judiciales deficientes que solo indagan en las versiones oficiales y amenazas a las víctimas, según denunció Amnistía Internacional (AI) en un informe difundido este miércoles (31.05.2023).
"Argentina ha demostrado una profunda incapacidad para
investigar eficazmente la actuación ilegítima de las fuerzas de seguridad. Los
procesos de rendición de cuentas de la actuación policial no muestran un
compromiso serio con la justicia y reparación de las víctimas", sentenció
la directora ejecutiva de la ONG en Argentina, Mariela Belski.
En el informe titulado "Violencia policial: ¿qué pasa
después?", la organización pone en foco hechos de violencia que se
mantienen impunes en el país y en los obstáculos que tanto familiares como
abogados de las víctimas encuentran para alcanzar justicia.
Los principales problemas recaen en errores de la
investigación, que solo se ciñen a la versión policial y no estudian el resto
de las hipótesis, así como en la falta de políticas integrales o recursos
adecuados para la búsqueda de personas desaparecidas. También, denunciaron
incumplimiento de "estándares internacionales para la investigación de
muertes potencialmente ilícitas" y falencias en las autopsias, que
"son un tema recurrente".
Como ejemplo, el informe cita los casos de Mauro Coronel,
Diana Abregú y Leonardo Bravo, que murieron bajo custodia policial en distintas
provincias del país en circunstancias extrañas y presentaron autopsias
irregulares.
"El involucramiento de todos los niveles del Estado y
de todas las provincias es fundamental para avanzar en prácticas respetuosas de
los derechos humanos", agregó la responsable de AI en el país
suramericano.
Por otra parte, la entidad consideró que la ausencia de una
investigación integral de estas conductas delictivas permite que crímenes como
el homicidio o la desaparición forzada se naturalicen en el ámbito de las
fuerzas de seguridad, permitiendo que los casos se repitan. En este sentido, la
organización remarcó falta de determinación en la responsabilidad que concierne
a los altos mandos de las instituciones señaladas, donde existe encubrimiento y
complicidad policial.
Uno de estos ejemplos es el de Blas Correas, joven de 17
años asesinado por la Policía de Córdoba (centro) al disparar, sin previo
aviso, al vehículo en el que viajaba con sus amigos después de que no se
detuvieran en un control de seguridad. Según AI, las conductas de estos agentes
comenzaron a ser investigadas tres años después de la muerte del adolescente.
Otros problemas apuntados son falta de acceso a la justicia
y participación de las víctimas, procesos burocráticos interminables, ausencia
de información, denuncias de hostigamiento y persecución a las familias de las
víctimas, sus abogados o testigos.
Agencias
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