En respuesta a los devastadores incendios que afectan a diversas regiones del país, el Gobierno boliviano ha declarado una pausa ambiental indefinida, respaldada por el Decreto Supremo 5225. Sin embargo, la implementación de esta pausa ambiental ha desatado críticas desde la Plataforma Ambiental Villa Montes, que ha expresado su descontento, señalando que esta medida, aunque bien intencionada, no aborda los problemas específicos que enfrenta la región chaqueña, vinculados al desmonte y la industria del carbón.
Cabe mencionar que la medida implementada desde el Gobierno
busca detener las autorizaciones de quemas controladas y declarar “no
disponibles” las tierras fiscales afectadas durante cinco años, con el fin de
permitir su restauración. Además, se ha enviado al Legislativo un proyecto de
ley que propone endurecer las penas de cárcel, hasta 12 años, para quienes
inicien incendios en áreas protegidas, bosques y otras zonas vulnerables.
La deforestación no se detiene
Según la representante de la Plataforma, Ludmila Pizarro, el
Decreto no incluye restricciones para el desmonte y el aprovechamiento
forestal, dos actividades que están arrasando con los bosques de la región para
la producción de carbón.
Pizarro indica que el problema en el Chaco no son las quemas
controladas, sino los desmontes masivos que se llevan a cabo para obtener leña
destinada a la producción de carbón vegetal. Refirió que la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en el Chaco no
autoriza quemas controladas, solo desmontes y aprovechamiento forestal, por lo
que advierte que la pausa ambiental, tal como está planteada, beneficiaría
principalmente a las regiones del oriente boliviano, donde los incendios y las
quemas controladas son una práctica común.
La situación en el Chaco es diferente, ya que la actividad
extractiva se ha centrado en la tala de árboles para la producción de carbón,
un recurso energético demandado en el mercado nacional e internacional. Esta
actividad no solo agrava el problema de la deforestación, sino que también
contribuye al cambio climático y a la pérdida acelerada de fauna silvestre.
La observación de Pizarro pasa por el hecho que el Decreto,
en su forma actual, no tiene ningún impacto positivo en el Chaco, ya que
seguirán los desmontes y el uso de la leña para producir carbón.
Desde la Plataforma Ambiental Villa Montes sostienen que la
deforestación en el Chaco está estrechamente vinculada a la falta de
fiscalización efectiva de las actividades de desmonte y al uso indiscriminado
de los recursos forestales. Apuntan que las leyes y decretos ambientales deben
tener un enfoque más amplio que incluya todas las actividades que afectan a los
ecosistemas, no solo las quemas.
Cabe recordar que producto de los incendios registrados en
departamentos como Beni, Pando, Santa Cruz y La Paz, una densa humareda cubrió
el cielo en todo el territorio nacional, incluso afectando a países como
Argentina y Brasil.
ABT: La prohibición es solo en quemas
El director departamental de la ABT, Emilio Tejerina,
confirmó que la pausa ambiental establecida desde el Gobierno es solamente para
el tema de las quemas controladas, más no para los desmontes.
Tejerina indicó que la ABT aún tiene la facultad de
autorizar desmontes. Sin embrago, no descartó que con la reglamentación del DS
5225 se emitan algunas directrices a detalle.
“Ahorita están prohibidas las quemas, y si ven en algún
lugar que están realizando algún tipo de quema, de seguro que es ilegal.
Nosotros llamamos a la reflexión y pedimos a la población que adopte ese
derecho de ejercer control social, podemos denunciar, será una denuncia
anónima, de eso pierdan cuidado que vamos a reservar el nombre, así nosotros
nos podamos apersonar a los diferentes lugares”, apuntó.
El titular de la ABT mencionó que en el Chaco se tienen
actualmente 12 empresas habilitadas para operar con la industria del carbón, de
estas, seis están situadas en el municipio de Villa Montes y seis en Yacuiba.
“Las empresas que están registradas para la elaboración del
carbón, deben tener un plan de desmonte aprobado, no es que cualquiera puede
venir y decir que quiere habilitarse. Hay una reglamentación, una normativa y
una serie de requisitos que se debe cumplir”, expuso.
El País
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