La OEA aprobó este jueves por unanimidad, durante la asamblea general del organismo en Asunción, una resolución en repudio al intento de golpe de Estado registrado la víspera en Bolivia, al tiempo que puso el foco en las crisis de Nicaragua, Haití y la inseguridad en la región.
La resolución asegura que la Organización de Estados
Americanos (OEA) resolvió "condenar enérgicamente el despliegue ilegal de
unidades del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia" y expresa su
solidaridad con el pueblo boliviano.
Agrega que la movilización de tropas rebeldes en La Paz fue
"una amenaza al régimen constitucional" y denuncia "cualquier
intento de desestabilizar las instituciones democráticas".
"Estamos muy orgullosos de ser copatrocinantes de esa
resolución y afirmamos que nuestro compromiso es con la democracia", dijo
a periodistas en Asunción Richard Verma, adjunto del jefe de la diplomacia
estadounidense, Antony Blinken.
Militares intentaron el miércoles derribar una puerta del
palacio presidencial de La Paz, en una maniobra que el presidente boliviano,
Luis Arce, calificó de "golpe de Estado". Su gobierno anunció este
jueves la detención de 17 personas sospechosas de participar, entre militares
activos y en retiro y varios civiles.
El hecho causó el repudio generalizado de todos los
representantes de los Estados miembros mientras los hechos acontecían,
incluidos el presidente anfitrión, el paraguayo Santiago Peña, y el secretario
general de la OEA, Luis Almagro.
El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Enrique Arce
Zaconeta, agradeció por la respuesta de los miembros de la organización
multilateral al tiempo que sucedían los hechos en Bolivia.
"La rápida reacción de los países generó uno de los
elementos que favoreció y fue determinante para el fracaso de un intento
desestabilizador", dijo Arce Zaconeta en el marco de la 54º asamblea
general que comenzó oficialmente el miércoles y termina el viernes en la sede
de la Conmebol en Asunción.
Tanquetas y tropas lideradas por el general Juan José
Zúñiga, quien posteriormente fue destituido como comandante del ejército y
detenido por la policía, ocuparon la Plaza Murillo del centro político de
Bolivia el miércoles.
Los militares intentaron derribar con uno de los vehículos
una puerta del palacio presidencial, en una maniobra que el mandatario
boliviano, Luis Arce, calificó de "golpe de Estado".
El hecho causó el repudio generalizado de todos los
representantes de los Estados miembros mientras los hechos acontecían,
incluidos el presidente anfitrión, el paraguayo Santiago Peña, y el secretario
general de la OEA, Luis Almagro.
- Nicaragua, Haití y la inseguridad -
El organismo hemisférico aprobó, además, una resolución para
el "seguimiento a la situación en Nicaragua", que dejó de ser Estado
miembro en noviembre del año pasado a pedido de su presidente, Daniel Ortega.
Las relaciones del país centroamericano con la comunidad
internacional se han tensado desde la represión de las protestas de 2018 contra
el mandatario nicaragüense, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente.
El estadounidense Verma afirmó que su país "seguirá
denunciando" el "régimen" de Ortega y de su esposa, la
vicepresidenta Rosario Murillo, y "abogando por que se respeten los
derechos del pueblo nicaragüense en cumplimiento de sus obligaciones
interamericanas".
También se aceptó una resolución orientada a mitigar la
crisis humanitaria y política que sufre Haití, que recientemente recibió una
misión de asistencia policial de Kenia para combatir a pandillas que tienen
sumido al país caribeño en una grave crisis.
El documento propone continuar los esfuerzos para
restablecer la seguridad, la asistencia humanitaria, el desarrollo
socioeconómico "y la prestación de asistencia para la protección de los
derechos humanos y la democracia en Haití".
La delegada haitiana, la canciller Dominique Dupuy, aseguró
que su gobierno, recién elegido a finales de mayo en medio de una inestabilidad
política de larga data, está decidido a "tomar todas las medidas
necesarias para volver a los acuerdos de transición política".
Además, sostuvo, velará por la "vuelta al Estado de
derecho, la justicia social y elecciones para renovar el personal
político".
Finalmente, la asamblea puso la lupa en el combate al crimen
y la inseguridad. Entre otros, la ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela
Sommerfeld, denunció la "devastadora presencia en la región (del crimen
organizado) y su alarmante carácter transnacional".
Ubicado entre Colombia y Perú -los mayores productores
mundiales de cocaína-, Ecuador dejó hace años de ser una isla de paz y se
convirtió en un centro logístico para el envío de droga, principalmente
cocaína, hacia Europa y Estados Unidos.
"¿Qué democracia sobrevivirá si los poderes del Estado
se van infectando de este cáncer organizado transnacional?", se preguntó
Sommerfeld.
Agencias
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