El magistrado Grover Mita explicó que más del 50% de las personas privadas de libertad en Tarija se encuentran en detención preventiva, situación que, según indicó, requiere de la creación de un tribunal adicional para descongestionar el sistema judicial: “En Tarija lamentablemente existe un solo tribunal, el Tribunal de Justicia, que está compuesto por tres jueces, entonces hay la necesidad primero de crear otro tribunal más para que de alguna manera se descongestione y que se pueda realizar los juicios de manera oportuna”, señaló.
Mita indicó que la detención preventiva no debe equipararse
a una pena anticipada y que es posible solicitar su cesación cuando
corresponda, señalando que la autoridad judicial revisa cada caso, convocando
audiencias para escuchar a las partes involucradas antes de decidir sobre
medidas cautelares, que pueden incluir presentación, detención domiciliaria o
fianza, entre otras: “Obviamente que sí, si acaso corresponde se tiene que
solicitar la cesación a la detención preventiva y su situación jurídica tiene que
mejorar porque la detención preventiva tiene una finalidad”, explicó.
Sobre las dudas generadas tras la emisión de un instructivo
del presidente del Tribunal Supremo de Justicia después de las elecciones, Mita
aclaró que no implica la liberación automática de los privados de libertad,
aclarando que el instructivo solo establece que se revisen las situaciones
jurídicas, y que los procedimientos pueden ser interpuestos en cualquier
momento por la defensa, incluyendo apelaciones y solicitudes de cese de
detención preventiva.
El magistrado evitó emitir opiniones sobre casos específicos
de políticos o exautoridades y subrayó que la justicia debe actuar conforme a
la ley, explicando que los procedimientos son revisables y provisionales, y que
si corresponde, los afectados podrían incluso solicitar resarcimiento de daños
una vez que se determine su situación final en el proceso judicial.
Finalmente, Mita aseguró que la justicia boliviana debe
continuar su proceso de mejora, garantizando seguridad jurídica a todos los
ciudadanos, señalando que la igualdad ante la ley es un principio fundamental
que aplica para cualquier persona procesada, investigada o detenida, sin
distinción.
AHORADIGITAL
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