Por segunda vez, la Cámara de Diputados postergó la madrugada de este jueves, el tratamiento del proyecto de Ley 225 “de Ratificación del ‘Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur’”. El motivo, según lo expuesto desde Diputados, es la ausencia de la canciller Celinda Sosa, quien debe acudir a la Cámara Baja a explicar los alcances de esta adhesión internacional.
El presidente de Diputados, Israel Huaytari, decidió
postergar el tratamiento de este proyecto de ley porque “hay dudas” de los
legisladores sobre los alcances y las implicancias de que Bolivia sea parte de
este bloque, por lo que esperan que la autoridad competente, en este caso la
canciller Sosa, acuda a la próxima sesión para despejar esas dudas.
En tanto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y
diplomático, Gustavo Aliaga, informó a EL DEBER que, por el alcance del tema,
es necesario que la Canciller de Estado explique los detalles del mismo.
“Es un proceso complejo, es un tratado que no se ve todos
los días y la Canciller no estuvo presente, no sabemos el motivo por el que no
asistió, pero es obligación la presencia de la Canciller”, explicó Aliaga.
Se prevé que entre el martes 9 y el miércoles 10 de abril se
lleve a cabo una nueva sesión de Diputados y se convoque a la Ministra de
Relaciones Exteriores al pleno camaral.
Después que Brasil aprobó la adhesión de Bolivia al
Mercosur, en diciembre de 2023, el trámite pasó a Bolivia donde en primera
instancia, la Asamblea Legislativa, a solicitud del Órgano Ejecutivo, debe
aprobar una ley del protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur.
No obstante, este proceso es complejo, no se soluciona con
la aprobación y promulgación de una ley y demorará unos cuatro años, tiempo en
el que Bolivia debe ajustar todas sus normas para poder participar de forma
activa en este bloque de comercio internacional.
“Técnicamente hablando, se va a aprobar el protocolo y
tenemos por delante cuatro años y seis meses más para aplicar el acervo
normativo y explicar cuál va a ser el cronograma para que Bolivia se adhiera
totalmente al Mercosur”, explicó Aliaga.
Para eso se debe formar un comité que proyecte la aplicación
de las normas bolivianas, que, según el cálculo de Aliaga, “son 5.200
disposiciones legales de los países del Mercosur que debe ser incorporados a la
normativa boliviana”.
Referéndum
Pero no solo se debe cumplir ese trámite. Según el artículo
257 de la Constitución Política, los tratados internacionales ratificados,
requerirán la aprobación mediante referendo popular vinculante y los
procedimientos de celebración de tratados internacionales se regularán por la
ley.
Es decir, la Asamblea Legislativa también debe tratar el
tema.
El artículo 259 de la CPE, dice que “cualquier tratado
internacional requerirá de aprobación mediante referendo popular cuando así lo
solicite el cinco por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón
electoral o el 35 por ciento de los representantes de la Asamblea Legislativa
Plurinacional”.
El parágrafo II de ese mismo artículo dice que “el anuncio
de convocatoria a referendo suspenderá de acuerdo a los plazos establecidos por
la ley, el proceso de ratificación del tratado internacional hasta la obtención
del resultado”.
El Deber
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