El País
Desde la FAM Bolivia presionan a la Asamblea Legislativa
Plurinacional por la aprobación de tres créditos, para destinar esos recursos a
la atención de desastres, salud, educación y proyectos de agua
Apenas han transcurridos dos meses de la gestión 2025, y los
gobiernos municipales del país ya enfrentan serias dificultades económicas que
impactan directamente en la atención de emergencias por desastres naturales, la
compra de insumos y la contratación de servicios. Ante esta crisis, autoridades
locales exigen al nivel central del Estado la agilización de créditos
estancados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), mientras el
movimiento cívico presiona por la concreción de un Pacto Fiscal que redistribuya
los recursos de manera más equitativa.
Falta de financiamiento
El alcalde de Padcaya, Williams Guerrero, en una entrevista
con Plus TLT, confirmó que la semana pasada la Federación de Asociación de
Municipios Bolivia (FAM) se reunió en la ciudad de La Paz para evaluar la
situación económica de cada región y la preocupante paralización de créditos
internacionales que deberían aliviar la crisis financiera municipal.
Según Guerrero, uno de los préstamos estancados es un
crédito de 75 millones de dólares otorgado por la Cooperación Andina de Fomento
(CAF), destinado a la atención de desastres naturales como riadas, inundaciones
y sequías. Sin embargo, este crédito no ha sido agendado por el presidente de
la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, lo que impide su ejecución.
“Ya enfrentamos dos años sin disponibilidad de dólares, hay
escasez de carburantes y el riesgo de un colapso en el país crece” Rodrigo
Fuenzalida Comité Cívico
Otro crédito, de 250 millones de dólares del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), también se encuentra paralizado. Guerrero
denunció que este financiamiento, que debería destinarse a la atención de
emergencias en salud y desastres naturales, fue devuelto por Rodríguez a la
comisión legislativa sin justificación aparente, lo que evidencia una falta de
voluntad política para su tratamiento.
“Nos vemos los alcaldes con las manos atadas, porque no
podemos resolver los problemas de desastres naturales por la irresponsabilidad
de estos parlamentarios. Entendemos el tema político, pero no deberían jugar
con la necesidad de los pueblos”, lamentó.
Un tercer crédito, de 150 millones de bolivianos financiado
por el Banco Mundial y destinado a proyectos de agua, gestión de recursos
hídricos y riego, también está paralizado por la falta de tratamiento.
“Es una situación catastrófica. La falta de recursos no solo
impide atender emergencias, sino que compromete proyectos para el desarrollo de
nuestros municipios”, enfatizó.
Guerrero recalcó que a nivel nacional, 95 municipios han
declarado emergencia o desastre debido a la falta de recursos, lo que impide
responder a situaciones críticas. “Mientras tanto, la ALP sigue bloqueando la
gestión financiera de manera sistemática desde hace dos años, agravando aún más
la crisis municipal”.
La situación empeora
El representante del Comité Interinstitucional por el Censo
de Tarija, Rodrigo Fuenzalida, advirtió que la situación económica del país
empeora cada vez más.
“Ya enfrentamos dos años sin disponibilidad de dólares, hay
escasez de carburantes y el riesgo de un colapso económico en el país crece. La
preocupación es grande porque los recursos no están llegando a los municipios,
que no pueden cumplir con sus obligaciones, desde el pago de personal hasta la
ejecución de obras”, afirmó.
Fuenzalida señaló que, debido a la falta de liquidez, muchos
municipios no pueden comprar insumos ni materiales básicos. Además, se ven
imposibilitados de adquirir equipamiento para áreas como salud, educación y
obras públicas, lo que afecta directamente a la población.
“La única solución posible es que el gobierno de Luis Arce
termine su periodo y que en las próximas elecciones asuma un presidente con un
nuevo modelo económico, nuevo modelo de Estado, porque el actual ha fracasado”,
expresó.
El dirigente señaló que actualmente el principal problema
que están enfrentando los municipios es que el Plan Operativo Anual (POA) que
ha sido elaborado en agosto del año pasado, a la fecha presenta un desfase
económico, esto debido a que todo ha subido de precio.
Fuenzalida instó al Gobierno Nacional a reorientar y
priorizar el destino de los recursos a los gobiernos municipales y dejar de
financiar a las empresas estatales deficitarias que llevan más de 10 años con
pérdidas y no traen ningún beneficio económico al país.
Enfatizó que los gobiernos municipales se han visto
obligados a realizar ajustes económicos, esto debido a que no coincide lo
presupuestado con lo que en realidad reciben, y que un escenario similar ocurre
con los gobiernos departamentales.
Los cívicos reclaman por el Pacto Fiscal
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira,
lamentó que a pesar de la difícil situación financiera que han advertido los
niveles subnacionales, el Gobierno aún se niegue a debatir el Pacto Fiscal, más
cuando ya se tienen los datos del Censo de Población y Vivienda del 2024 y no
existe una redistribución justa de los recursos nacionales.
Mencionó que el actual modelo de financiamiento de los
municipios ha quedado obsoleto, más habiendo quedado en evidencia que desde
hace 13 años no se ha debatido el Paco Fiscal, dejando a las regiones
dependientes de transferencias que no llegan con la regularidad ni la
suficiencia necesarias para su funcionamiento.
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