En Bolivia hay 2.150 mujeres detenidas en 11 cárceles de todo el país. De esa cifra, el 28,97% fueron procesadas por el delito de tráfico de sustancias controladas. Además, del total de las reclusas, el 65% permanece sin sentencia firme y bajo la figura de detención preventiva y un 55,3 % está en situación de vulnerabilidad en los centros penitenciarios.
Estos datos se desprenden del estudio Mujeres en cárceles de
Bolivia, que fue presentado por la Defensoría del Pueblo. En este reporte
también se señala que, de diciembre de 2023 a junio de este año, la población
femenina en las penitenciarías se ha elevado un 12,5 %, ya que ha pasado de
1.871 a 2.150 mujeres, de un total de 28.838 de los privados de libertad en el
sistema penitenciario boliviano.
“De acuerdo con los 17 criterios de identificación de
vulnerabilidad que se ha realizado en este informe, en cuanto a las mujeres
privadas de libertad, se hizo una identificación de su situación y se halló que
el 55,39% están en situación de vulnerabilidad, ya sea porque son mujeres
embarazadas, tienen hijos, son personas adultas mayores, personas con
discapacidad entre otros casos, lo cual agrava su vulnerabilidad en los centros
penitenciarios”, afirmó el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.
El funcionario detalló que “la mayor cantidad de privadas de
libertad se concentra en el eje central del país”, puesto que el 72 % está en
penales de los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
“El problema de los delitos por sustancias controladas se ha
mantenido por más de una década puesto que los datos del 2012 señalaban que el
quebrantamiento de la ley por mujeres, relacionados a sustancias controladas
llegaba al 56%.21 El 2018, el porcentaje de este tipo de delitos cometidos por
mujeres llegaba al 31,62%22 y el 2023, el porcentaje de mujeres privadas de
libertad por delitos contemplados en la Ley 1008 volvió a subir a 41,26%”, dice
parte del estudio defensorial.
En La Paz, en el penal de Obrajes hay 361 mujeres recluidas.
-Prevención de delitos-
Según el documento, existe una “clara evidencia” de
falencias en las acciones asumidas por el Estado para prevenir los delitos
cometidos por mujeres, reflejando el endurecimiento de las penas, la falta de
la aplicación de perspectiva de género en los fallos judiciales y el
tratamiento diferenciado en su encarcelamiento, considerando que un tema
preocupante es la Ley N° 1008, que establece delitos desproporcionados respecto
al acto realizado.
“Por ejemplo, una mujer consumidora con cantidades mínimas
de marihuana podría ser sentenciada a una condena de entre ocho y 25 años, si
no logra demostrar que esa cantidad de sustancia controlada es para su consumo
(artículos 48, 49, 51, y 55 Ley 1008). Además de las normas deficientes, se
suma la aplicación mecánica de la norma por parte de fiscales y jueces, sin
considerar estándares internacionales de derechos humanos, como el enfoque de
género y el interés superior del niño. La situación se agrava si se considera
que el 65% de las mujeres están privadas de libertad sin sentencia”, dice el
texto.
En los departamentos de Oruro y Chuquisaca existe mayor
cantidad de sentenciadas que preventivas, lo cual haría presumir la existencia
-según el informe- de una “diligente administración de justicia” en la condena
de delitos de la Ley 1008 cometidos por mujeres; sin embargo, se advierte que
de los testimonios recolectados para elaborar el documento, una de las causas
por las que las mujeres se encuentran con sentencia condenatoria, se refieren a
que son producto de las orientaciones para someterse a procedimientos
abreviados, lo cual requiere que se ponga atención en estos casos para evitar
que personas inocentes se declaren culpables, especialmente en el caso de
consumo.
En las entrevistas realizadas por el equipo que realizó el
estudio las mujeres señalaron que las razones para haberse visto involucradas
en la comisión de un delito se debían a las necesidades económicas o que han
sido engañadas: Las reclusas manifestaron “por necesidad económica”, “por
dinero”, “por necesidad era pandemia y tenía dos hijos”, la necesidad”, “por
defender a mis hijas”, “me engañaron”, “inculpada otras personas cometieron el
delito”, “me obligaron”.
Y cuando se preguntó sobre las motivaciones para reincidir
esas mismas razones eran referidas por las mujeres privadas de libertad,
añadiéndose otras como: “Me sentía deprimida”, “estaba equivocada”, “mala
suerte”, “me equivoque”, “por juzgamiento y aislamiento de la sociedad”, “por
mi adicción a las drogas”.
“Me acuerdo que era época de la pandemia, yo trabajaba en
una empresa que repartía comida, así, que salía a trabajar, pero mi esposo y
mis hijas, se quedaban en la casa, cuando llegaba mi marido me reñía me decía
que voy a contagiar a todos, además, me decía que lo que ganaba no servía para
nada, yo antes de más joven he consumido marihuana y sabía que en esa plaza se
podía comprar y vender droga, por eso me metí en esto, para ganar un poco más”,
es una de las declaraciones.
La investigación también indica que el 63 % de las mujeres
entrevistadas mencionaron que no fueron examinadas médicamente antes de su
ingreso a la cárcel.
En Palmasola la mayoría de las detenidas están por la Ley
1008.
-Informe defensorial-
La Defensoría del Pueblo presentó el informe “Mujeres en
cárceles de Bolivia”, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura (MNP) sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en los
centros penitenciarios del país.
CIFRAS
2.150 mujeres están recluidas en diferentes centros
penitenciarios del país. La cifra total de presos en Bolivia es de 28.838.
278 mujeres están detenidas en centros penitenciarios del
país fueron entrevistadas para elaborar el informe. La cifra abarca a 11
cárceles.
-Sin infraestructura: Callisaya critica las deficiencias en
cárceles-
Solo cuatro centros penitenciarios, de los 21 que tiene el
país, tiene espacios exclusivos para mujeres detenidas.
De los 21 espacios carcelarios en el país, cuatro tienen un
espacio exclusivo para mujeres, mientras que los restantes son secciones dentro
de las cárceles de varones. La Defensoría del Pueblo alertó que las celdas de
las cárceles de aislamiento están en “condiciones precarias e inhabitables” y
que muchas veces el régimen de confinamiento solitario “se aplica de manera
indiscriminada y por periodos superiores a los permitidos internacionalmente”.
Para el estudio, que fue elaborado por Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura (MNP), se entrevistó a 278 mujeres de 11 de las 21
cárceles bolivianas con base en “17 categorías de análisis”, como el tipo de
delitos, infraestructura, alimentación, salud, embarazos y mujeres con niños y
niñas acompañantes, entre otras, explicó el defensor del pueblo, Pedro
Callisaya.
Esta investigación pone en evidencia que más de la mitad de
la población penitenciaria femenina pertenece a alguno de los siguiente grupos
en situación de vulnerabilidad: extranjeras, madres, mujeres embarazadas,
mujeres que viven con sus niñas y niños menores de seis años dentro el penal,
personas adultas mayores, que pertenecen a alguna nación o pueblo indígena,
mujeres con diversa orientación de género, personas con discapacidad, personas
con VIH, discapacidad psicosocial, drogodependientes, afrobolivianas o personas
con alguna enfermedad de transmisión sexual.
-Derechos humanos-
Callisaya remarcó que las personas privadas de libertad
sufren una serie de situaciones que vulneran sus derechos humanos, como el
hacinamiento, el uso excesivo de la detención preventiva, la falta de acceso a
servicios de salud, problemas en la distribución de prediarios (estipendios
monetarios para la alimentación de cada privada de libertad), además del monto
insuficiente de estos, entre otros aspectos.
“El 55% están en situación de vulnerabilidad, ya sea porque
son mujeres embarazadas, tienen hijos que los acompañan, son personas adultas
mayores, personas con discapacidad, son personas LGBTI, entre otros, que las
colocan en una situación de alta vulnerabilidad, es decir, más de la mitad de
las mujeres privadas de libertad se puede asumir en una situación de
vulnerabilidad”, remarcó Callisaya.
Esta investigación también hace hincapié en la situación que
viven 145 niñas y niños menores de seis años, quienes habitan en los centros
penitenciarios junto a sus madres, expuestos a las condiciones precarias de las
cárceles y los efectos del hacinamiento, que afecta a todo el sistema
penitenciario boliviano.
La recopilación de datos expresada hasta diciembre de 2023,
da cuenta de la existencia de 1.871 mujeres privadas de libertad, dato que se
incrementó en un 12,5 % entre enero y junio de 2024, alcanzando un total de
2.150 mujeres privadas de libertad.
PARA SABER
-Sin atención médica-
El defensor del pueblo denunció que en las cárceles “no hay
una atención adecuada a mujeres embarazadas o madres”, puesto que varias han
tenido que reintegrarse al penal después del parto “sin ningún tipo de
consideración”.
-Entrega de prediarios-
Callisaya también lamentó que “una situación altamente
delicada” es la otorgación de los prediarios, que son las cuotas otorgadas
diariamente para la alimentación y necesidades de las reclusas. Ese monto
alcanza a Bs 248 al mes.
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