Cabe recordar que ayer miércoles el presidente Arce ha
enviado formalmente una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la que
plantea las cuatro preguntas que serán sometidas a consulta en un referendo
nacional, previa evaluación técnica.
Los campesinos
El dirigente de la Federación Sindical Única de Comunidades
Campesinas de Tarija (FSUCCT), Andrés Meriles, afirmó que el gobierno de Luis
Arce actúa en consonancia con la voluntad del pueblo.
Meriles indicó que las preguntas ya han sido enviadas las
instancias competentes, que tienen la tarea de viabilizar la consulta.
Frente a las críticas que han surgido apuntando a que este
referéndum es inconstitucional, ya que debería ser la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) la que convoque mediante ley, Meriles defendió al Gobierno
asegurando que la decisión de realizar un referéndum está amparada en la Ley
026, que faculta al presidente a realizar este proceso mediante decreto.
“El referéndum ahorita no está en duda si se hace o no se
hace, esto se hace porque se hace, es necesario, es necesario consultar a la
población y tomar una decisión. No somos nosotros como los que han gobernado 14
años y el 2010 han hecho un gasolinazo sin tomar en cuenta a que, si la
población está de acuerdo o no con ese tema”, mencionó.
Meriles dijo que el sector campesino se pondrá en campaña
para socializar las cuatro preguntas planteadas por Arce, para que la población
vaya formando un criterio propio y vote de manera consiente e informada.
Reacciones en Tarija
Johnny Torres, alcalde de Tarija, expresó su desacuerdo con
la iniciativa del referéndum. Cuestionó la poca claridad de las preguntas que
se plantearán a la ciudadanía, señalando que son confusas y podrían inducir a
respuestas preconcebidas.
Torres indicó que si se le pregunta a la población si está
de acuerdo con subir el precio de la gasolina, la respuesta será no; o el hecho
de plantear si están de acuerdo de aumentar la cantidad de parlamentarios para
que algunos departamentos no pierdan representación, implicaría una
modificación de la Constitución Política del Estado (CPE).
La autoridad también manifestó su preocupación sobre la
legalidad del proceso, señalando que un referéndum solo puede ser convocado a
través de una ley emitida por la ALP, y es una competencia del legislativo, no
del ejecutivo. Reconoció que con un TCP politizado, es probable que la consulta
sea autorizada.
El País
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